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Columna
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La pensión de Bibiana Aído

Joaquín Estefanía

Bibiana Aído cumple mañana 33 años. La ministra de Igualdad podría haber pedido la palabra el viernes pasado en el Consejo de Ministros y haberse dirigido a sus colegas de Gabinete, de otra generación más vieja, en estos términos: vuestras pensiones de jubilación están aseguradas; ahora tenéis que asegurar la mía y la de la gente de mi edad. Porque de eso se trata con la propuesta sobre la reforma de las pensiones que el Ejecutivo trasladará al Pacto de Toledo, demandando en esencia el alargamiento de la edad de trabajo para poder jubilarse: de asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en un entorno demográfico claramente desfavorable y que muestra un acelerado envejecimiento de la población residente en España.

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Casi al tiempo que se hacía pública la propuesta gubernamental en materia de pensiones, se conocía la Proyección de la población de España a largo plazo 2009-2049, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una simulación estadística del tamaño y la estructura demográfica de la población que residirá en nuestro país en los próximos 40 años, en caso de mantenerse las tendencias y los comportamientos demográficos actuales; los efectos que a largo plazo tendrán la fecundidad, la mortalidad y los flujos migratorios. Subrayemos algunas de las tendencias más impactantes:

a) Reducción del crecimiento poblacional en las últimas décadas: sólo habrá un aumento neto de 2,1 millones de personas (de 45,8 millones, en la actualidad, a 47,9 millones en 2049).

b) El crecimiento natural de la población se hará negativo desde el año 2020.

c) La población mayor de 64 años se duplicará en 40 años y será el 31,9% del total, debido al envejecimiento de la población.

d) Por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2049 residirán en España casi nueve ciudadanos potencialmente inactivos (menores de 16 años o mayores de 64). La tasa de dependencia pasará del 47,8% actual al 89,6%.

e) La esperanza de vida en 2049 será de 84,3 años para los varones (seis años y medio más que ahora) y 89,9 años para las mujeres (5,8 años superior a hoy).

Con estos datos es imposible no abordar los problemas relacionados con el envejecimiento de manera inmediata. No se trata de un asunto ideológico, sino demográfico. Es significativo que en las últimas semanas el Gobierno haya variado de visión y esté escogiendo el discurso de los expertos frente al discurso político (políticamente correcto) para abordar asuntos tan centrales en la vida de los ciudadanos como la reforma de las pensiones, el mercado del trabajo o el plan de austeridad de las administraciones públicas, e inicie el tránsito hacia la creación de una coalición social de apoyo a estas iniciativas. La prueba del nueve será si la oposición le acompaña en estas iniciativas o sigue instalada en los principios sin compromiso y sin contenido.

En la senda hacia esa coalición social de apoyo a las reformas pendientes cobra significación el documento titulado Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de bienestar. Reflexiones para la reforma, que firman seis personas tan transversales ideológicamente como Rodrigo Rato, Juan Manuel Eguiagaray, José María Fidalgo, Víctor Pérez Díaz, Juan Chozas o Xavier Sala i Martí. Además de apoyar medidas imprescindibles como la prolongación de la vida laboral alterando sustancialmente el cuadro de incentivos que hoy impulsan una jubilación prematura en las empresas e impulsando un marco de incentivos para crear empleo (según la última EPA el 40% de los menores de 25 años está en paro), urgen un debate sobre las reformas que necesita el welfare español si quiere evitar su crisis en un plazo de apenas 15 años como consecuencia, en buena parte, del envejecimiento de la población. Los seis expertos (socialistas, del PP, de los sindicatos o independientes de posiciones muy liberales), convocados por la patronal de seguros UNESPA, entienden que asegurar a todos los ciudadanos el mismo poder adquisitivo que tienen antes de la jubilación es imposible, pero "permitir que la gente encuentre su equilibrio aplicando una mezcla de pensiones públicas, instrumentos privados, combinaciones de jubilación y trabajo o aportaciones familiares es una vía prudente que requiere una deliberación acompañada de consensos, más o menos amplios, y continuos compromisos".

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