Medicina preventiva contra el Gürtel

El caso es un poco extraño, pero muy ilustrativo del cuidado y el miedo que tienen las administraciones a contratar con cualquier empresa que tenga el menor vínculo con el caso Gürtel. Sucedió a principios de este mes en el Ayuntamiento de Madrid, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y ha terminado con la anulación de un concurso público porque la firma ganadora aparece de refilón en el sumario judicial del caso.

A finales del año pasado, la EMVS sacó a concurso la gestión de la agencia de alquiler municipal por un importe de 5,2 millones de euros y dos años de duración. Un buen contrato. El trabajo consistía en gestionar las 13.000 viviendas de alquiler que ha construido el Ayuntamiento en los últimos años más las que se hicieran en los dos siguientes.

A la convocatoria se presentaron cinco empresas, entre las que, incluso, estaba la agencia estatal. Hasta aquí todo normal. Pero el problema llegó cuando los técnicos adjudicaron el contrato a ATJ Consultores, que obtuvo la mejor valoración. Dicha empresa aparece en el sumario del caso Gürtel porque un grupo de funcionarios de Boadilla remitió al sindicato ultraderechista Manos Limpias un informe en el que se decía que varias empresas -dos de ellas directamente vinculadas al entramado corrupto- trabajaban habitualmente con el municipio. Además, el dossier que adjuntó el juez al sumario decía: "Cuando se les solicitan certificaciones a cualquiera de ellas, siempre las presenta la misma persona". Es decir, se deducía que ATJ formaba parte de la trama porque trabajaba con Boadilla, pero sin aportar ninguna otra prueba. El juez no ha imputado ningún delito a esta empresa.

El caso es que el Ayuntamiento anuló el concurso hace dos semanas y alegó razones técnicas. Según explicó ayer el coordinador de la EMVS, Juanjo de Gracia, el pliego estaba pensado para menos viviendas de las que se construirán (creen que en vez de 4.000 serán 7.000). El cálculo real, dice De Gracia, debería estar basado en el ritmo de construcción de los últimos años.

Además, el Ayuntamiento de Madrid también alega que se quedaron cortos con el personal que se estimaba necesario y que tampoco se tenían en cuenta las 7.000 nuevas viviendas que se construirán en los dos próximos años. La cifra de personal que figuraba en el pliego era de 34 empleados, los mismos que hay ahora. Por tanto, creen, el precio de licitación fijado era demasiado bajo. En resumen, ésa es la versión oficial. Pero fuentes municipales aseguran que fueron conscientes de que ATJ aparecía en el sumario del Gürtel. Este periódico intentó ayer por la tarde hablar sin éxito con dicha empresa.

El miedo al proceso judicial que salpica de las administraciones ya se palpó el pasado junio en la Comunidad. Entonces el Gobierno regional anuló un contrato de obra para la duplicación de la carretera M-509 entre la M-50 y Villanueva del Pardillo. La Consejería de Transportes e Infraestructuras renunció al contrato de obras alegando motivos técnicos justo antes de la adjudicación provisional y una vez decidida la concesionaria.

Pero el caso es que la concesionaria era una UTE formada por Acciona e Hispánica, una empresa vinculada también al Gürtel a la que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.