El cine se cierra a las cuotas

El deseo de la Generalitat, a través de la futura Ley del Cine, de que las salas de Cataluña ofrezcan una oferta paritaria en catalán y castellano recibió ayer el primer torpedo serio y con alto valor simbólico: el próximo lunes, 1 de febrero, un mínimo de 74 salas, las que conforman el Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña (que agrupa al 81% del sector, con un total de 525 pantallas), no abrirán sus puertas, coincidiendo con la entrega de los Premios Gaudí de cinematografía, la gran fiesta de la industria audiovisual catalana, que concede la Academia del Cine Catalán.

Una exposición apocalíptica, en forma y fondo, de un informe económico del sector elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, precedió el anuncio de la huelga de 24 horas que realizó el presidente del Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña, Camilo Tarrazón. Las conclusiones son un auténtico drama: "Desde 2005 hasta 2008, todos los ejercicios se saldan con pérdidas, mostrando en ese último trienio una progresión letal", apunta Gay, que cuantificó las pérdidas del sector de los exhibidores en 25 millones de euros sólo en los últimos cuatro años.

"Defendemos el cine catalán, tanto hecho en catalán como en castellano"

Según previsiones realizadas sobre la recaudación de 2009, si se aplicara la nueva ley en su primera redacción (dice que todas las películas que no sean en catalán o castellano se han de doblar al 50% en esas lenguas a partir de un mínimo de 15 copias), el sector pasaría de ingresar 130 millones de euros a 70,5 millones y los 20 millones de espectadores se reducirían a la mitad. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia), las cifras se reducirían más: 27,6 millones de euros de recaudación y ni cuatro millones de espectadores.

"No estamos contra el cine en catalán, por eso cerramos el día de los Premios Gaudí y no un sábado; lo que ocurre es que esta ley se está haciendo de espaldas a la realidad de la demanda del público", avanza Tarrazón. Ilustra la situación asegurando que películas como Mapas del sonido de Tokio y Ágora, "que a pesar de ser cine de aquí se han rodado en inglés, se quedarían en 15 copias, porque los distribuidores no van a hacer más copias con este nuevo statuo quo: ninguna película con ocho copias en una lengua y ocho en otra captará más que 16 sólo en castellano; a los distribuidores se les pedirá que gasten mucho más para recaudar menos dinero".

La solución estaría, entre otras medidas, en "incentivar la digitalización, con ayudas al sector", y en que cada sala distribuyera los pases de versiones "según la demanda de su público". En opinión de Tarrazón, la ley (cuyo proyecto está en fase de tramitación parlamentaria) no logrará nada porque "los distribuidores pueden aguantar un 20% de pérdida de su mercado y los grandes productores pasarán de todo porque Cataluña es apenas el 1%; además, siempre les comprará la película TV-3 o venderán el DVD; lo que necesitamos es un marco jurídico y un modelo económico estable".Bajo el eslógan Catalán y trabajo sí. Cuotas y paro, no. Por el futuro del cine, los exhibidores iniciarán una campaña de entrevistas con partidos políticos, mientras estudian recurrir la ley ante el Gobierno español y la Comisión Europea. "Esto sólo genera inseguridad jurídica para el que quiera invertir en Cataluña", remachó Tarrazón. El consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, declinó hacer comentarios. "La ley está explicada por activa y por pasiva, y en ella está el tema de las ayudas a la digitalización", declaró ayer un portavoz del departamento.

La coincidencia buscada de la huelga de exhibidores con la fiesta del cine catalán condicionará, al menos mediáticamente, la velada. "A la organización no nos va a condicionar, pero si los premiados hacen referencia a este conflicto cuando tomen la palabra, es algo que depende sólo de ellos y en eso nosotros no interferiremos", comentó ayer el actor Joel Joan, presidente de esta entidad, que agrupa a 251 profesionales.

"En cierta manera valoro que hayan elegido este día porque quiere decir que la academia cuenta en la cinematografía catalana; es la prueba de que estamos representando al sector", indicó el actor. "Lo que está claro es que no hemos hecho la ley y esto no va con nosotros. Los exhibidores van contra el Gobierno catalán y nos han pillado en medio, pero sería absurdo pretender que la academia acabara pagando los platos rotos", afirmó Joan. "Deseo que su pretensión, tal como dicen, no sea boicotear la gala, porque todos somos profesionales del cine y aquí lo que hacemos es defender el cine catalán, tanto si está hecho en catalán como en castellano. La huelga se hace para defender el cine americano doblado al castellano, que es otra cosa distinta".

El anuncio de la huelga de salas de cine coincidió, prácticamente a la misma hora, con el acto en el que se anunció la entrega del Premio Gaudí de Honor de este año al cineasta Josep Maria Forn (La piel quemada, Companys, procés a Catalunya, El coronel Macià) y la entrega de la placa como miembros de honor de la academia. Una de ellas fue para Fermí Marimón, propietario del cine Capri de El Prat del Llobregat, quien se refirió a la polémica en su parlamento: "Hemos vivido muchas crisis, pero con esta ley no sé si podremos aguantar el golpe; pido que se retire o que sea modificada porque de lo contrario el cine Capri dejará de existir ya que en El Prat, como en otras ciudades del cinturón metropolitano, el 85% de la población habla castellano".

El productor Julio Fernández, responsable de la productora Filmax, considera que la ley es inoportuna ya que llega en un momento de extrema debilidad del cine. "No creo que podamos aguantar tantos cambios y crisis juntas", señaló. Para el cineasta Josep Maria Forn, en cambio, la alarma es desproporcionada porque, indica, "la legislatura se acabará antes de que pueda aprobarse".

Joel Joan, por su parte, habría pedido directamente que se prohibiera el doblaje. "Es una rémora del franquismo que uniformiza y abarata el producto. Las películas tendrían que darse en versión original, con subtítulos la mitad en castellano y la otra mitad en catalán. Pero si ahora hay tanto lío, lo que pasará cuando se suprima el doblaje...".