Pulso a la justicia

Continúan los problemas de Silvio Berlusconi con la justicia después de que esta semana el Senado italiano diera luz verde a la Ley del Proceso Breve, una argucia jurídica que persigue el sobreseimiento de las causas para las que no haya recaído sentencia tras 10 años en los tribunales. Esto significa que en torno a 100.000 casos podrían quedar sin resolver, entre ellos los presuntos delitos que Berlusconi tiene pendientes ante la justicia italiana. Inmediatamente después de que el Senado aceptase remitir al Parlamento esta ley, la fiscalía de Milán anunció que tiene lista la investigación sobre Mediatrade, el tercer gran caso de corrupción que podría afectar a Berlusconi, además de a su hijo y a algunos de sus principales colaboradores. Y el Ejecutivo italiano, por su parte, terminó de preparar una nueva norma ad hoc en favor del primer ministro, conocida como ley del legítimo impedimento.

El interminable pulso de Berlusconi a la justicia parece haber provocado un efecto sedante en la opinión, haciendo que se imponga un peligroso sentimiento de resignación o de fatalismo ante el lento pero imparable naufragio del Estado de derecho en Italia. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países que han padecido escándalos de corrupción, en Italia no se trata de que el Gobierno y su primer ministro estén tratando de escapar arteramente a la aplicación de la ley; se trata de que están prevaliéndose de su poder para alterar la ley de manera que sus presuntos delitos queden impunes. No reviste la misma gravedad, ni sus efectos son tan letales para el sistema democrático, que un encausado escape a una ley justa que el hecho de que éste la convierta en injusta para exonerarse de cualquier responsabilidad. Y eso es exactamente lo que está haciendo Berlusconi en Italia.

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional italiano ha conseguido desbaratar las maniobras del Ejecutivo que buscan la impunidad de Berlusconi, declarando inconstitucional la primera norma ad hoc que fue presentada a su jurisdicción, la llamada Ley Alfano. Pero era un momento en el que una parte de la ciudadanía italiana, y una gran mayoría de la europea, conservaba intacta su capacidad de indignación ante las artimañas legales del Gobierno de Berlusconi. Ahora es esa capacidad la que parece estar faltando, como si la suerte del Estado de derecho en Italia estuviera definitivamente echada.