¿Un cambio de financiación o una financiación para el cambio?

Ahora que lo queremos todo sostenible, habrá que empezar por lo que ya no se puede sostener. Así ocurre con un insostenible sistema de financiación universitaria que, al fin, se plantea modificar. Hay que saludar con ilusión, pues, la propuesta que se acaba de presentar, que supone un indudable avance respecto a la situación actual. Y habrá que esperar que la voluntad política que la anima no naufrague en los presupuestos y que las buenas intenciones de convertir a la universidad en un agente de superación de la crisis no sucumban esperando por la recuperación.

Todo sistema de financiación ha de responder a los objetivos de suficiencia, eficiencia y equidad. Y a ellos trata de atender la nueva propuesta de financiación universitaria que, sin embargo, parece decantarse más abiertamente hacia los aspectos de equidad, en particular mediante un sistema de becas sensiblemente reforzado (pero sin el correlato de una revisión más ambiciosa de la política de precios) y con sugestivas innovaciones. Ahí es donde el documento resulta más concreto y parece más dispuesto a convertir las declaraciones en compromisos, seguramente con el propósito de superar un retraso que resulte, además, políticamente rentable.

La equidad es, sin duda, imprescindible y particularmente en el sistema educativo, pero los objetivos de eficiencia cobran además una singular importancia en un sistema universitario que no parte de cero pero que necesita profundizar las transformaciones, impulsar la calidad, la innovación y la excelencia, para transmitir una imagen de "compromiso" de las universidades con la que pedir la "confianza" de la sociedad. Hacen falta más recursos, pero hace falta que se dirijan a objetivos de eficiencia, a promover el cambio universitario, a incentivar mejoras en la organización, funcionamiento y resultados, a romper inercias e impulsar políticas innovadoras.

En investigación y transferencia de conocimiento hay grandes retos y oportunidades que justifican la dotación de nuevos recursos y el documento plantea propuestas concretas e innovadoras. En profesorado también serán necesarios recursos adicionales, pero no para consolidar una estructura voraz consumidora de todo incremento, sino para modificar esa estructura, para hacer de la nueva financiación un instrumento de corrección de flagrantes desequilibrios entre áreas y dedicaciones, para promover más audaces políticas de movilidad, contrataciones y captación de jóvenes o para modificar una maraña de complementos que han perdido su funcionalidad.

El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior demandará necesariamente nuevos recursos, que parece tentada a convertir en ahorros una propuesta influida por una filosofía de "coste cero" que nunca ha sido buena compañera de las reformas, sin reparar, en cambio, en que una exigente financiación constituiría el mejor instrumento para recomponer un desequilibrio entre oferta y demanda de titulaciones que, pese a los propósitos del proceso de Bolonia, no solo no se ha corregido sino que se ha ampliado con la complicidad de las administraciones educativas. Y, en fin, la adicional financiación universitaria debería servir de decidido impulso para las políticas que han emprendido las universidades de mejoras docentes. La calidad y las estructuras organizativas, para resolver ineficiencias, problemas y carencias, que es lo que más necesitan las universidades, para afrontar políticas innovadoras y mejorar no sólo el rendimiento de los "servicios producidos", sino para definir acertadamente los "servicios que se deben producir".

Es en esto ámbitos, entre otros, donde decisivamente se juega el que me parece el mayor problema y el principal reto universitario: la eficiencia. Porque de no hacerlo así (como si preocupase más la gratuidad del billete de los viajeros que la mejora del servicio de transporte) podríamos descuidar el indispensable reto de mejorar el funcionamiento y los resultados del servicio universitario y desperdiciar la oportunidad de que un "cambio de financiación" se convierta verdaderamente en una "financiación para el cambio" universitario.

Juan A. Vázquez es ex presidente de la Conferencia de rectores españoles (CRUE).