Torrejón discrimina también en el padrón a los españoles más pobres

Torrejón de Ardoz no da un paso atrás en la aplicación de sus normas ilegales de empadronamiento. Pese a las advertencias del Gobierno central, que exige a los municipios que censen a todos los inmigrantes, el Ayuntamiento de Torrejón se aferra a su ordenanza. Niega el censo a los inmigrantes con visado de turista; también a quienes no tengan en su vivienda 20 metros cuadrados por inquilino, sean extranjeros o españoles.

La condición de la superficie por habitante, que según la ordenanza es universal, se venía cebando con los inmigrantes, no con los españoles. Hasta ayer no se conocían casos de vecinos autóctonos afectados por la norma. Pero, en medio de la polémica, todos son iguales ante el padrón, como comprobó ayer un redactor español de EL PAÍS.

Torrejón sigue sin aplicar la ley y elude lo que dice el Gobierno central

-¿Podemos censarnos cuatro amigos en un piso de 75 metros?

-No. Al piso le faltan cinco. Debe haber 20 por persona.

El grupo municipal de IU, que ha intentado revocar la polémica norma, asegura que hasta ahora los españoles vivían libres de la regla de los metros. Y acusa al Gobierno municipal, del PP, de "aplicarla a todos sobre la marcha", para ahuyentar los fantasmas de las acusaciones de xenofobia.Al menos desde ayer, Torrejón de Ardoz niega el censo por igual a españoles y extranjeros si no se inscriben en pisos con la amplitud suficiente. Esto respalda el argumento igualitario utilizado esta semana por su alcalde, Pedro Rollán, que precisó que la norma no era específica contra inmigrantes. Ahora bien, arroja dudas sobre el propósito real de la ordenanza.

El Ayuntamiento ha reiterado que la regla de la ratio por inquilino trata de erradicar casos de hacinamiento de "20 y 30" inmigrantes por piso, según palabras de Rollán. Sorprende que luego pueda afectar a cuatro españoles que vivan en un piso de 75 metros (como ocurría con la prueba realizada ayer por este periódico), pues esta superficie es común a un sinfín de españoles sin rentas altas, ajenos al problema de los pisos patera.

La responsable de IU en Torrejón, Concha Vidales, aseguró ayer a este diario que las restricciones de censo nunca se han aplicado a los españoles desde que se puso en marcha, en octubre de 2008: "En cuanto se aprobó la ordenanza, empezamos una campaña contra ella en la ciudad. En este año y medio hemos conocido muchos casos de inmigrantes a los que se les ha vetado el censo, pero ninguno de un español al que le pidiesen los 20 metros".

Esta semana, el Ayuntamiento de Torrejón ha reiterado que los españoles no están libres de la norma, pero se sigue sin conocer un sólo caso que lo demuestre entre los muchos vecinos del municipio que no cumplen las proporciones de espacio por habitante. A excepción, claro, de la prueba realizada ayer por EL PAÍS. Abundan, sin embargo, los casos de inmigrantes afectados por la norma.

Ayer por la tarde, la oficina del padrón de Torrejón era una torre de Babel de chascos burocráticos. El colombiano Martín Fernando Céspedes, 42 años, 11 en España, vive con un matrimonio de compatriotas con dos hijos. En 80 metros cuadrados. No puede censarse por falta de espacio. "El permiso de residencia se me acaba en dos meses. ¿Qué voy a hacer? Sin empadronamiento no podré renovarlo...", se preguntaba Céspedes, muy ansioso.

Víctor Pereira Tecanha, 28 años, de Guinea-Bissau, se pensaba a las puertas del padrón quién de su piso se va a quedar sin registrar. Viven cuatro personas en 60 metros. Sobra una para cumplir con los criterios de dignidad objetiva de la alcaldía.

Los inmigrantes siguen pagando los efectos de una norma ilegal, mientras el Gobierno central presiona para que ningún municipio haga las reglas por su cuenta y deje a los extranjeros fuera del censo. La Abogacía del Estado ha frenado el intento de Vic, un Ayuntamiento catalán, por no registrar a los sin papeles. Exige, como exigió hace dos días el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que se inscriba a todos los vecinos, sin condiciones. Como hizo ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El Gobierno amenaza con tomar medidas, pero no se ha dirigido aún a Rollán. Torrejón, mientras tanto, aplica su ley.