Los problemas de los inmigrantes

Rajoy propone endurecer la Ley de Extranjería en plena polémica de Vic

"Algunos compañeros se han comportado como no debían", dice, sin citar a Matas

Tras unos días de dudas, en los que contrastó la firmeza en contra de la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a inmigrantes sin papeles de Alberto Ruiz-Gallardón con el mensaje más tibio de otros dirigentes populares, Mariano Rajoy decidió ayer entrar de lleno en el asunto desde Palma de Mallorca. Y lo hizo para colocarse del lado del discurso más duro sobre la inmigración.

Rajoy, quien durante la campaña electoral de 2008 se concentró en esta línea -"aquí no cabemos todos", dijo en un mitin en Canarias que marcó un punto de inflexión en la campaña-, trató de mantener ayer la cautela pero lanzando un claro mensaje de dureza. "Del papeles para todos, de las regularizaciones masivas, de una política suicida, hemos pasado ahora a que los compañeros del PSOE y los socios hacen lo contrario", dijo en referencia a la propuesta del Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC.

"No aceptaré ni aquí ni en ningún lugar" los malos comportamientos
Pide a los populares de Baleares que, pese a todo, vayan "con la cabeza levantada"
"Hay que cambiar la ley para no generar más problemas a los ciudadanos"
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"Cuando las cosas se hacen mal, acaba notándose. La ley está para cumplirse, y hay que cumplirla. Pero de la misma manera digo que hay que modificarla. En este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, tienen que modificar la ley, avenirse a razones y cambiar su política para no generar más problemas a los ciudadanos", sentenció. Mariano Rajoy no explicó en qué sentido hay que cambiar la ley, pero en su discurso, y en las propuestas del PP sobre este asunto, queda muy claro que lo que proponen es endurecerla.

El discurso duro sobre inmigración, eje de la estrategia de prácticamente toda la derecha europea, le llevó al PP a votar en contra de la última reforma de la ley de inmigración, que se aprobó en octubre del año pasado con el apoyo de PNV y CiU, y en la que se endurecían algunas cuestiones. Por ejemplo, se pasaba de 40 a 60 días el límite de estancia en los centros de internamiento para extranjeros.

Los populares detectan en las encuestas que este discurso, aunque tiene el riesgo de movilizar a la izquierda en su contra, es muy bien acogido entre sus votantes y especialmente en las zonas que más sufren la crisis económica, de tradicional dominio socialista. Los populares, inspirados por el modelo del presidente francés, Nicolás Sarkozy, proponen un contrato de integración y, aunque aún no quieren marcar criterio sobre qué hacer con los empadronamientos, insisten en que los municipios están ahogados y no pueden soportar la carga de todos los servicios sociales.

Pero además de la inmigración, Rajoy había venido a Palma de Mallorca a tratar de rescatar al PP balear del caos de corrupción y división interna en el que se instaló en 2009. El líder del PP, que tuvo una relación muy estrecha con Jaume Matas, el ex presidente balear, investigado por posible corrupción y acosado por los escándalos sobre su nivel de vida, evitó ayer defender expresamente la figura del referente del partido durante una decena de años.

No lo citó expresamente, pero tampoco lo defendió, cuando pronunció su frase más significativa sobre la corrupción: "En el PP balear habéis pasado momentos difíciles, todo el mundo lo sabe. Hay compañeros que se han comportado como no debían, y máxime cuando se ejerce una responsabilidad política. Lo sabemos todos, no hay que ocultarlo. No aceptaré ni aquí ni en ningún lugar de España esos comportamientos".

Después, Mariano Rajoy lanzó sus habituales mensajes de defensa de la presunción de inocencia, siempre mucho más aplaudidos por los militantes que su reconocimiento de los problemas, y les pidió a sus compañeros en Baleares que caminen "con la cabeza levantada".

Rajoy organizó una reunión interparlamentaria de dos días en esta comunidad, donde el PP sufre el goteo de casos de corrupción con más de 20 imputados, para reforzar al nuevo líder, José Ramón Bauzá, elegido entre otras cosas porque no tuvo vinculación con el Gobierno de Matas. La mayoría de los dirigentes dan por hecho que Bauzá no se someterá antes de las elecciones de 2011 a un congreso interno -en el último fue elegida Rosa Estarás, pero ella cedió el puesto a Bauzá, agotada y con la imagen deteriorada, puesto que fue vicepresidenta de Matas-, con lo que la dirección intentará que la crisis interna se acabe disipando.

Los miembros de la cúpula consultados no niegan la existencia de graves problemas, y temen el goteo de decisiones judiciales, pero también confían en que si Génova consigue imponer una cierta paz interna -para eso se vino toda la cúpula hasta Mallorca durante dos días y Rajoy insistió una y otra vez en su apoyo total a Bauza, a quien abrazó- el éxito es posible en 2011 porque sólo un escaño les separa de la mayoría absoluta y sobre todo porque enfrente también tienen problemas, con los casos de corrupción de Unió Mallorquina y las diversas crisis del pacto de gobierno.

La norma la aprobó el PP

El empadronamiento de extranjeros en situación irregular ya era polémico en 1997, un año después de que José María Aznar llegara al Gobierno. Mariano Rajoy era entonces ministro de Administraciones Públicas. Ante las dudas generadas en los Ayuntamientos, el Gobierno dictó el 4 de junio de 1997 una "resolución conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del padrón municipal". El texto, que sigue vigente y que supuestamente ayer Rajoy pidió modificar al reclamar un cambio en la legislación tras la polémica de Vic, es tajante.

La resolución ordena a todos los Ayuntamientos que empadronen a todos los extranjeros sin preocuparse de si situación legal, puesto que el objetivo del padrón es tener un registro de todos los que viven en el pueblo, incluidos los indigentes sin hogar, y el análisis de las situaciones irregulares corresponde al Ministerio del Interior, no a las autoridades municipales. La redacción es especialmente contradictoria con el mensaje sobre inmigración que se traslada ahora desde el PP.

El texto señala: "En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 17 de enero de 2010.

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