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Multa a San Cibrao por el vertido que mató el Barbaña

El Ayuntamiento de San Cibrao de Viñas deberá hacer frente a una multa de al menos 450.000 euros por el vertido que acabó con la vida en el río Barbaña, a su paso por Ourense, el pasado 24 de junio. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que en su momento abrió el expediente sancionador contra el ayuntamiento, ha trasladado esta propuesta de multa al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que podrá enmendarla al alza y hacerla llegar a los 600.000 euros, según sostienen fuentes del ministerio. Después deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Fuentes de la confederación expresaban ayer su "preocupación" por las "continuas agresiones" que sufre este río. La más reciente, detectada a finales de la semana pasada con otro volcado que aún se está analizando y que llevó al alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, a expresar su "hartazgo" respecto a la actuación del gobierno local de San Cibrao.

El regidor orensano insta además a la Xunta a que "intervenga" para frenar los "continuos" vertidos al Barbaña, cuya procedencia atribuye en su mayoría a la depuradora del municipio vecino, que preside la popular Elisa Nogueira. El pleno del ayuntamiento respaldó el viernes por unanimidad una propuesta del gobierno local de instar a la Xunta a que "solucione de una vez" el problema.

Hasta 14 incidentes

El concejal de Medio Ambiente de Ourense, Demetrio Espinosa, sostiene que se han contabilizado desde mediados de 2007 hasta 14 incidencias en el Barbaña, con cuatro vertidos "notorios". A la vista del detectado el pasado jueves, el alcalde de Ourense tilda de "irresponsable" la actuación de la Consellería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cibrao, y advierte de que, en función de los resultados que arroje la analítica, se "reserva" tomar las decisiones oportunas sobre esta situación "intolerable".

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha optado por una sanción intermedia entre las dos posibles. El presidente del organismo, Francisco Fernández Liñares, aseguró en septiembre que optaba por no imponer la sanción más baja, de 300.000 euros, dada la "alta gravedad" del delito ecológico y la "alarma social generada", pero tampoco la más alta, de 600.000 euros, al considerar que el delito "no fue intencionado". El Ayuntamiento de San Cibrao se declara inocente.

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