Paseos y tumbas

La fracasada búsqueda en Alfacar de los restos mortales de Federico García Lorca y otros tres asesinados no ha cerrado la polémica sobre su eventual exhumación. Los fusilamientos sin juicio previo y los enterramientos en cunetas o parajes deshabitados cubrieron la zona rebelde y el territorio leal especialmente al comienzo de la Guerra Civil. No sólo la militancia política, sino también los odios personales cargaron las armas del crimen.

La llamada Ley de Memoria Histórica 52/2007 regula sin acepción de banderas las compensaciones materiales y simbólicas debidas a las víctimas de la persecución y la violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. El golpe de 1936 interrumpió el proceso democrático iniciado por la II República. Pero la distinción por razones de legitimidad histórica entre los paseos dados en la retaguardia nacional o roja implicaría la absolución -según el enfoque político elegido- de los crímenes inhumanos cometidos en alguno de los dos territorios enfrentados.

Continúa la polémica en torno a la localización de los restos mortales de Federico García Lorca

Ahora bien, la paz de los cementerios franquistas concedió a los vencedores casi cuatro décadas para rendir homenaje a sus muertos; el duelo de los vencidos, en cambio, quedó confinado a la clandestinidad. Si la crueldad del humor negro de los supervivientes distinguía entre los caballeros mutilados franquistas y los jodidos cojos republicanos, la diferencia entre las sepulturas y las fosas ofrecía una discriminación semejante por lo que respecta a los muertos.

Pese a su uso indiferenciado habitual, desaparecidos y paseados no son términos sinónimos. Los militares del Cono Sur planificaron y perpetraron fríamente el exterminio secreto de miles de desaparecidos por temor a la condena internacional de su ejecución judicial. Los paseados de la Guerra Civil española, en cambio, fueron las víctimas de una salvaje represión de dimensiones cuasipúblicas movida por el odio y la intolerancia.

La Ley 52/2007 proporciona a los descendientes de los muertos todavía sin sepultura la ayuda estatal necesaria para localizar e identificar sus restos. Las asociaciones de la memoria histórica han insistido hasta ahora en el argumento compasivo del derecho de las familias a recuperar los restos de sus seres queridos. Pero la familia García Lorca no ejerció esa facultad: su decisión, animada por el justificado temor a un circo mediático y por convincentes argumentos históricos y éticos, fue premiada con una abominable campaña de linchamiento moral.

Tras el fracaso de la excavación de Alfacar, causado por tomar como certeza una simple conjetura, grupos y personas que apelaron mientras les convino al derecho de los descendientes a localizar los enterramientos se aprestan ahora a exigir del Estado la obligación de continuar de manera indefinida la búsqueda de los restos de Federico García Lorca, cuya memoria literaria y personal seguirá viva en el curso de las generaciones tengan o no albergue sus huesos en una tumba de conocimiento público.