Arranca el juicio por el atentado de Detroit

Umar Farouk Abdulmutallab, el único acusado de intentar volar un avión de la compañía estadounidense Northwest el pasado día de Navidad, se declaró ayer inocente ante el juez federal de Detroit que le informó de los seis cargos presentados en su contra por la fiscalía de Estados Unidos. Con esta comparecencia de menos de cinco minutos en la que quedó abierta la puerta a la posible negociación de la sentencia, se dio el primer paso hacia un juicio en el que el joven nigeriano puede ser condenado a cadena perpetua.

En un tono de voz muy suave y usando un buen inglés, Abdulmutallab, que llevaba una camiseta blanca y grilletes en los pies, se acogió al privilegio que le otorga la justicia de negar su culpa en los delitos que se le atribuyen pese a las muchas evidencias acumuladas en su contra. De esa manera, el acusado se reserva la posibilidad, de acuerdo con las reglas del sistema norteamericano, de ofrecer a los fiscales información sobre sus actividades, sus objetivos y sus cómplices a cambio de una reducción de la condena.

Se trata de una situación sin precedentes en la justicia de EE UU

Abdulmutallab fue informado de los seis delitos, entre ellos los de intento de asesinato y uso de arma de destrucción masiva para derribar un avión con 289 personas a bordo, que esta semana fueron admitidos por un gran jurado en Detroit. El gran jurado es el órgano judicial que decide si un caso merece ser visto ante un tribunal. Detroit es la ciudad en la que se juzga porque es donde se produjo el atentado frustrado, aunque el tribunal es de jurisdicción federal porque los delitos tienen esa categoría.

La prensa local había informado en días anteriores de la presencia en la ciudad del motor del padre del acusado, un respetado banquero nigeriano que había denunciado ante la Embajada estadounidense en Lagos las actividades sospechosas de su hijo. Su influencia puede resultar a partir de ahora decisiva en la conducta de Abdulmutallab en los interrogatorios.

Los expertos consideran que se trata de un caso fácil para la fiscalía, dadas las múltiples pruebas que vinculan al acusado con el crimen, aunque teniente en cuenta la relevancia política del juicio caben algunas sorpresas. La defensa puede intentar probar enajenación mental del joven de 23 años o, más probablemente, ofrecer una negociación para que éste se declare culpable.

Abdulmutallab es defendido por el equipo de abogados públicos del distrito de Detroit, encabezado por Miriam Siefer, que está considerada por sus colegas como una de las mejores letradas del país. Una de sus primeras líneas de actuación será la de determinar si al acusado se le leyeron sus derechos de forma adecuada e inmediatamente después de su detención.

Fuentes de la fiscalía no han precisado el momento en que los agentes del FBI que lo interrogaron le notificaron lo que se conocen como "los derechos Miranda", que incluyen el de guardar silencio y el de consultar con un abogado. Los defensores afirman que entraron en contacto por primera vez con Abdulmutallab a las 30 horas de su arresto, pero ignoran todavía si ese fue el momento en que el detenido se acogió a ese derecho o el tiempo que tardó el FBI en informarle de que podía hacerlo.

No hay precedentes de una situación como esta porque Abdulmutallab es el primer supuesto terrorista detenido desde que el Tribunal Supremo decidió el año pasado que el derecho de hábeas corpus era válido para todos los acusados y en cualquier jurisdicción de justicia, tanto civil como militar. En 2001 fue condenado por la justicia ordinaria Richard Reid, de origen británico, por el intento de introducir una bomba en un avión camuflada en la suela de sus zapatos. En 2003, los tribunales civiles se ocuparon también del caso de Iyman Faris, a quien se condenó como parte de un compló para destruir el puente de Brooklyn. Otros dos acusados de pertenecer a Al Qaeda, José Padilla y Ali al-Marri, fueron condenados por jueces civiles, pero están bajo custodia de la justicia militar.

Los tribunales castrenses son el marco que algunos congresistas de la oposición consideran el adecuado para haber juzgado a Abdulmutallab. "Tenemos que tratar a estos terroristas como lo que son, no criminales comunes, sino combatientes enemigos en una guerra", ha declarado el republicano de más rango en el comité de Inteligencia del Senado, Christopher Bond. Los tribunales militares hubieran sido más eficaces, según ese punto de vista, para obtener del acusado información valiosa sobre sus actividades, ya que el detenido hubiera visto sus derechos muy restringidos en esa jurisdicción. Al mismo tiempo, la oposición cree que la presencia de Abdulmutallab en un tribunal civil y los traslados que eso exige comporta un riesgo para la seguridad que se podía haber evitado.

El Gobierno considera, por el contrario, que la justicia ordinaria tiene recursos más que suficiente para interrogar al acusado y que privar a éste de los derechos que amparan a cualquier reo no constituye, como se ha demostrado en el pasado, ninguna garantía de que aportará más información.

En el trasfondo de esta polémica está la crítica de los conservadores de que Barack Obama se niega a reconocer que Estados Unidos está en guerra. El presidente repitió el jueves que sí, que el país está en guerra con Al Qaeda, pero la Administración ha abolido los términos "guerra contra el terrorismo" y "combatientes enemigos" que eran utilizados por el Gobierno de George Bush.