Lo que pierde la justicia

Las pérdidas o destrozos de artículos (coches, aviones, joyas...) que la Policía decomisa durante sus investigaciones criminales a la espera de la sentencia, nutren gran parte de las denuncias que llegan al Consejo del Poder Judicial por parte de los propietarios. Cuando el destrozo es evidente, el Poder Judicial suele aconsejar al Ministerio de Justicia que indemnice al afectado. Pero no siempre ocurre así.

José Luis L. A. ha pedido al Estado una indemnización de 517.000 euros. Le fueron intervenidos coches de lujo durante una operación antidroga. Mientras duró el proceso, los coches fueron utilizados para otros servicios por los agentes que los decomisaron, con permiso judicial. Cuando el Tribunal Supremo le absolvió, se encontró con que los coches, algunos de lujo, estaban casi destrozados. En este caso, el Poder Judicial entiende que no debe ser indemnizado porque los agentes usaron los coches con permiso judicial y achaca los desperfectos "al uso de los mismos, a posteriores averías sin arreglar y a que estuvieron mucho tiempo a la intemperie en recintos policiales".

La furgoneta de Antonio Manuel fue llevada por error al desguace

Los jueces permiten a la policía usar coches decomisados

Antonio Manuel E. asegura que en abril de 2005 la policía nacional de Vigo le intervino una furgoneta de la que nunca más ha vuelto a saber. Acabado el proceso judicial reclamó sin éxito su devolución. Le dijeron que había sido destruida por error en una chatarrería. Los agentes la estacionaron frente a la comisaría, a disposición del Juzgado número 1 de Vigo, y la policía local, al creerla abandonada, se la llevó en una grúa a un desguace, donde fue destruida. "Hay un funcionamiento anormal de la justicia por cuanto el vehículo estaba a disposición judicial y los daños y desperfectos [destrución] causados lo fueron por incumplimiento del deber de custodia que incumbe a la autoridad judicial", señala el Consejo, partidario de la indemnización.

A Miguel S. R., el Juzgado de Instrucción 2 de Estepona le intervino en 2000 una embarcación neumática, marca Valiant, modelo 850. Estaba sin estrenar. Siete años después, la causa que pesaba sobre él fue archivada y el juez ordenó la devolución del barco a su dueño. Durante ese tiempo la utilizó la Guardia Civil. Encontró numerosos desperfectos. El Poder Judicial considera que no debe ser indemnizado porque en su reclamación no figuran concretados ni acreditados los daños.

En cambio, sí ve el Consejo un grave error indemnizable en el caso de Jorge Raúl L. En abril de 1989 le fue homologada en España su titulación de arquitecto, obtenida en Perú. El Colegio de Arquitectos de España impugnó la homologación ante el Juzgado de lo Contencioso 26 de Madrid. El juzgado pidió a Jorge Raúl que aportase el título original a las diligencias para estudiar el caso. Terminado el proceso, acudió a la Audiencia Nacional, sección de lo contencioso, a reclamar su título original. No dio crédito a lo que veía. El documento estaba "deteriorado, roto e inservible". "Del anverso había desaparecido el nombre de la Universidad peruana que lo había expedido, y estaba rota la parte del documento donde debían constar los sellos de validación". Cinco años había estado el documento en poder de distintos jueces. El Consejo sostiene que Jorge Raúl también debe ser indemnizado, al tiempo que recuerda la obligación legal de los secretarios judiciales "de guardar y conservar la documentación que tienen en depósito".

10.600 euros ha pedido al Estado Eivind D. H por el grave deterioro sufrido en su coche, Volkswagen, modelo Sharan, durante los cinco años que éste permaneció en el depósito de Cártama, en Málaga. Compró de buena fe el coche a otra persona incursa en un procedimiento criminal. El Juzgado 14 de Sevilla ordenó que el vehículo quedase en el depósito por si podía servir para aclarar el hecho delictivo. Cuando años después acabó el proceso y el juez le autorizó a recoger el coche, éste estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. El Poder Judicial entiende que debe ser indemnizado, dado que el vehículo era suyo y él no tenía nada que ver nada con el delito.

También da la razón el Consejo a Félix H. R., a quien robaron una caja fuerte en su casa con 250.000 euros. Con el dinero, los cacos compraron una finca en Tarragona y joyas, parte de las cuales fueron recuperadas. Eran 18 alhajas. En 2007, el juzgado ordenó que se le dieran las joyas a la víctima del robo, ocurrido en 2002. Cuando fue a por ellas, las joyas se habían perdido.