2.000 familias con la casa en el aire

"Estábamos en plena burbuja, esto era jauja. En el banco, pedías 20 millones de pesetas para la casa y te daban 30 para que te compraras un coche. La casa era un caramelo, el precio era el de un escupitajo. Había que ser tonto para no meterse". Es la historia de Paco López Ibarra, un hombre de 34 años, y de 2.000 familias más. Algunos son murcianos, otros de comunidades vecinas. Incluso hay afectados en Irlanda, Gran Bretaña y Noruega. La promotora Trampolín Hills ha quebrado y el dinero que estas familias entregaron para sus casas se ha esfumado. Entre 50 y 80 millones de euros, según los afectados. Y donde Paco debía tener un chalé de 125 metros cuadrados con parcela lo que ve es "un camino de tierra, varias palmeras secas, maquinaria vieja y una oficina de ventas abandonada".

Los compradores dieron al constructor entre 30.000 y 60.000 euros

De los anticipos a cuenta -cantidades entre 30.000 y 60.000 euros- que entregaron al empresario murciano Antonio Martínez, alias El Melonero, para tener una casa en el residencial Trampolín Hills no tienen noticia. El promotor, un hombre que pasó de vender fruta en un puesto a ser empresario de la construcción a finales de los años noventa, le echa la culpa al alcalde de Campos de Río (2.000 habitantes), Miguel Navarro Romero, del PSOE, y suele declarar: "Lo único que yo quiero es que me dejen construir". Sin embargo, su empresa lleva desde noviembre en concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- y lo que iba a ser una macrourbanización es un solar abandonado a las afueras de la población murciana. Este diario ha intentado, sin éxito, conocer la versión del promotor.

La Fiscalía Anticorrupción investiga al empresario y se ha interesado en conocer qué relaciones tenía con el ayuntamiento. Antonio Martínez no está desaparecido. Sigue en la región, aunque sus apariciones públicas ya no son tan habituales como antes. En la última, hace año y medio, afirmó: "Nos han cogido en medio de una pelea entre el PP y el PSOE y lo está pagando un proyecto que ya tiene aprobación inicial, un convenio urbanístico firmado y que técnicamente no tiene tacha".

En mayo de 2008, las obras acumulaban ya un retraso de dos años porque el ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial. A principios de ese año se había producido la última votación para aprobar definitivamente el plan -iniciado por el PP en la anterior legislatura-; pero entonces se supo algo más: el alcalde, que había trabajado como corredor de fincas, no pudo votar tras admitir que había tenido relaciones comerciales con Trampolín Hills. Otro concejal socialista en la misma situación se abstuvo también, y sin esos dos votos decisivos el proyecto quedó paralizado.

El PP denunció que Navarro había participado "en algunas compraventas de las parcelas" sobre las que posteriormente se iba a edificar. El alcalde no ha querido dar su versión a este periódico.

La empresa constructora además tiene sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que "la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia" (aunque luego sí logró los primeros permisos) y subraya que la empresa se montó en 2005 con un capital de sólo 5.000 euros.

Por otro lado, en la esfera administrativa, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano ha impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Y el Ministerio de Hacienda ha explicado que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, "no existe como tal ni tiene nacionalidad ni estructura empresarial en España".

La denuncia por lo penal de Paco López Ibarra -que acusa a Martínez de estafa y apropiación indebida- es una más. Está, según su abogado, Joaquín Guzmán, "en el puesto 355 de una lista mucho más amplia de querellas de los que iban a ser propietarios de las casas". Las viviendas estaban todas vendidas y los 2.000 clientes se han convertido en demandantes. Según advirtieron hace un año las organizaciones de consumidores, los que lo van a tener más difícil son los extranjeros, la mayoría de ellos jubilados británicos, que ya dan por perdida esa inversión.

Ángel, otro afectado que prefiere no dar sus apellidos, acusa al Gobierno de Murcia de no hacer nada por ayudarles. "No entiendo cómo vivimos en un país donde por cualquier tontería te meten en la cárcel y estas personas que han robado 60 o 70 millones siguen por la calle tan tranquilas", protesta.