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Aguirre recorta la aportación a los policías municipales subvencionados

Fuenlabrada lleva a los tribunales al Gobierno regional por romper el convenio

Las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam), los agentes municipales sufragados por el Gobierno regional, se han convertido en las últimas semanas en punto de fricción entre el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y algunos ayuntamientos gobernados por los socialistas.

A mediados de mes, el Ejecutivo regional anunció que había abierto expedientes a cuatro municipios por dedicar a los agentes de las Bescam a labores distintas de las suscritas en los convenios entre ambas instituciones. Sin embargo, los consistorios no se han estado quietos. En especial, el de Fuenlabrada (194.800 habitantes) que ha llevado a los tribunales a la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia por rebajar el dinero que recibe este Ayuntamiento por cada agente de la Bescam.

La consejería denegó el recurso a las modificaciones del presupuesto

Getafe ha pedido que se le incluya entre los municipios expedientados

Los responsables municipales de Fuenlabrada presentaron un recurso ante la consejería que dirige Francisco Granados en el que le reclamaban el pago de 4,6 millones de euros, ya que el municipio cuenta con 100 agentes de las Bescam. Este capital incluye, además de los 40.000 euros que cobra cada funcionario al año, una dotación con la que hacer frente a otros gastos derivados del servicio. De esta forma, por cada efectivo el municipio debe recibir 3.012 euros para vehículos; otros 602,4 para combustible, 750 para transmisiones y comunicaciones, 459 para informática y 1.205 para dotaciones unipersonales (uniformes).

Pero los ingresos que ha recibido Fuenlabrada por estos conceptos no llegan a lo acordado en el convenio firmado entre ambas Administraciones. De momento, se les han asignado dos coches patrulla menos. Se reduce la dotación de combustible en 14.720 euros (un 25% menos que otros años). Tampoco se les traspasan los 75.000 euros para las transmisiones y comunicaciones. Para informática, el Consistorio fuenlabreño sólo ha recibido 23.000 euros, lo que supone la mitad de lo que está fijado en el convenio. El pago de los uniformes y dotaciones a los agentes se ha rebajado hasta los 90.000 euros, frente a los 120.000 firmados hace cinco años.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada recurrió las subvenciones ante la propia consejería, pero el departamento de Francisco Granados denegó cualquier modificación. Los técnicos de Interior aseguraron, a mediados de noviembre, que la asignación era la correcta. El equipo de gobierno fuenlabreño ha decidido acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, para que sean los tribunales los que digan quién tiene la razón. "El Gobierno regional hace lo que le da la gana. En lugar de avisarnos a los ayuntamientos de que no tiene dinero y que este año recibiremos menos, lo aprueba con su particular ordeno y mando", se quejaron fuentes policiales de Fuenlabrada.

El recurso tipo partió de la Policía Municipal de Alcorcón (168.000 habitantes), cuyo máximo responsable, Sergio Ruiz Platero, difundió el documento al resto de policías de la región. La reducción en las subvenciones no afecta sólo a estos dos municipios, sino también a las localidades que tienen algunos de los 2.500 agentes que integran las Bescam. "Es así, lo que pasa es que desde un Ayuntamiento gobernado por el PP no se va a ir contra la Comunidad de Madrid", reconoce un mando de un municipio con gobierno popular, que prefiere el anonimato.

El segundo municipio que ha recurrido es Parla (108.00 habitantes).El Ayuntamiento parleño, gobernado por el PSM, también ha reclamado las transferencias que le corresponden por los 80 agentes de las Bescam que tiene, según confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia. Este recurso aún no se ha resuelto ya que el Consistorio tiene que aportar aún alguna documentación para completar el expediente. Hasta que no esté presentada la documentación y se pueda estudiar todo el recurso de forma conjunta, no habrá decisión del Gobierno regional. Aunque no hay pronunciamiento al respecto, todo hace suponer, según fuentes regionales, que también será desestimado. Parla tendrá por tanto abierta la vía judicial para reclamar lo que dice que se le adeuda.

Alcorcón, que fue el impulsor de estos recursos contra el Ejecutivo regional, aún no lo ha planteado, pese a que tiene 100 agentes de la Bescam y el dinero que ha dejado de recibir puede sumar varios miles de euros.

Una portavoz de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia explicó que no se ha rebajado el dinero que recibe cada Ayuntamiento por los agentes que tiene. Técnicamente hablan de "ajuste". "Hace cinco años, cuando se crearon las Bescam, el dinero necesario para poner en marcha tantos agentes era mucho mayor. Se necesitaba más capital para comprar o construir sedes, adquirir armas y para comunicaciones. Pero ahora que ya está todo eso en funcionamiento, los Ayuntamientos no necesitan tanto dinero y por eso se ha ajustado", destacó esta portavoz.

Además, según el Gobierno regional, se ha rebajado el número de coches patrulla porque muchas policías no utilizaban todos los que les habían entregado. A eso se une, según Interior, que en algunos cuerpos se pagaba el combustible de toda la flota de vehículos (incluidos los que no son de la Bescam) con cargo a las cuentas del Gobierno regional. "Queremos acabar con ese abuso y que cada Ayuntamiento se pague sus gastos", explicó la portavoz.

Los Ayuntamientos afectados discrepan. Defienden que lo firmado en el convenio es ley y que la Comunidad de Madrid tiene que cumplir con sus obligaciones. "Si no tienen dinero, es su problema. Se comprometieron a unas transferencias anuales y deben cumplirlas a rajatabla", aseguran desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Esta polémica surgió justo cuando la presidenta regional anunció en la Asamblea de Madrid que denunciará los convenios que firmó con los Consistorios de Fuenlabrada, Coslada, Parla y Alcorcón. Aguirre acusó a estas plantillas de dedicarse a otras tareas distintas de las de seguridad ciudadana. "Se dedican a regular el tráfico o imponer multas. Hemos constatado el incumplimiento intencionado y reiterado de sus respectivos convenios", explicó la presidenta en sede parlamentaria.

Un aspecto que destaca de estos expedientes abiertos contra los citados Ayuntamientos es que todos están gobernados por socialistas. Desde su creación, nunca se ha cuestionado a un Consistorio gobernado por el PP. La presidenta amagó con el anterior regidor de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (PP), pero nunca llegó a buen fin. Mientras, han estado en la mirada de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia los municipios de Fuenlabrada, Alcorcón y Leganés, entre otros.

El alcalde fuenlabreño, Manuel Robles, calificó la decisión de abrir expediente a su Policía Municipal como "una actitud dictatorial" y la amenaza de rescindir el convenio de "impresentable". Por su parte, el concejal de Seguridad de Alcorcón, Salomón Matías, tachó las palabras de Aguirre de "pataleta" y de "estrategia política para machacar a los Ayuntamientos socialistas".

El que dio un paso al frente fue el alcalde del municipio de Getafe (164.000 habitantes) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, que solicitó que su municipio también estuviera incluido junto a los cuatro expedientados. Esta solidaridad se basa, según el regidor, en que no va a permitir que el Gobierno regional gestione las policías locales y las Bescam con "decretos caudillistas".

"Si Aguirre quiere constituir una policía autonómica, lo puede hacer. Pero si pide colaboración de los Ayuntamientos, tiene que entender que somos precisamente los Ayuntamientos los que debemos determinar cuáles son las cosas más necesarias y vitales para garantizar la seguridad de una ciudad", destacó Pedro Castro en declaraciones a Europa Press.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de diciembre de 2009