El PP pide que se impute a Monteseirín por Mercasevilla

El PP, que ejerce la acusación particular por las presuntas irregularidades detectadas en Mercasevilla, ha recurrido el auto de incoación de procedimiento ante un jurado y ha pedido que se impute como encubridor al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y por prevaricación a dos altos cargos de la Junta. En su recurso, el PP pide a la juez de Instrucción 6 de Sevilla que antes de continuar el procedimiento tome declaración como imputado a Sánchez Monteseirín, porque conoció la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros, en los primeros días de febrero de 2009, pero no la denunció y además diseñó una estrategia destinada a "mantener oculto el asunto".

El alcalde, según el PP, en un intento de "encubrir y entorpecer" el procedimiento, mantuvo en sus cargos a los dos directivos de Mercasevilla acusados y les permitió "acceder a los medios de prueba que permiten su incriminación, facilitándoles su destrucción".

Cuatro imputados

Este recurso del PP pretende reformar el auto de incoación de procedimiento, dentro del cual la juez instructora ha citado el próximo miércoles a los cuatro imputados, entre ellos el delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, para que las acusaciones concreten los delitos que les imputan.

En esta rama del caso Mercasevilla están imputados Rivas, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria M. R. P. B. por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública, que acababa de recibir una subvención de 900.000 euros de la Junta.

Los abogados defensores también han presentado recursos pidiendo el archivo de la causa y en especial contra la fianza de 400.000 euros impuesta por la juez instructora para hacer frente a sus futuras responsabilidades pecuniarias. El PP, en su recuso, también pide que se impute en la causa por un delito de prevaricación a Juan Manuel Fuentes Doblado, entonces director general de Formación para el Empleo de la Junta, y a su sucesora María José Lara González por el proceso de concesión de dicha subvención de 900.000 euros. Además, el PP solicita ampliar los delitos que se imputan a los ya acusados y añadir tráfico de influencias y de uso de información privilegiada.