Los compradores de Pascual están procesados por fraude

Cuatro de las cinco cooperativas que han llegado a un acuerdo para hacerse con la planta de Leche Pascual en Outeiro de Rei forman parte de un grupo de hasta 18 sociedades presuntamente implicadas en una red fraudulenta de comercialización de leche para evitar el pago de la supertasa generada por sus excedentes de producción.

Así lo considera una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional, que califica a las cooperativas, entre ellas el grupo formado por La Arzuana y Perpetuo Socorro (Arzúa), Gancobre (Pastoriza) y Mopan (Monterroso), como "cooperadores necesarios" y "responsables civiles subsidiarios" de un fraude fiscal que estima superior a los 96 millones de euros.

Las cuatro cooperativas, junto a Tierra Llana (Castro de Rei), alcanzaron la semana pasada un acuerdo con Pascual para gestionar a través de un arrendamiento financiero con opción de compra, la planta lucense del grupo lácteo. Esta última también figura en el sumario que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ya que la Fiscalía considera que la planta era la destinataria final de la leche presuntamente defraudada. El proceso abierto se encuentra actualmente en fase de diligencias previas, y fue iniciado tras las comprobaciones de las cantidades de leche producidas de los años 2001 a 2003.La querella presentada por Anticorrupción en diciembre de 2006, que dio origen al sumario abierto contra las cooperativas, se activó de forma paralela al conocido como caso Churtal, el de mayor volumen de fraude (unos 249 millones), que tiene un centenar de imputados y que tramita el juez Baltasar Garzón. El titular de otro juzgado, el de Instrucción número 4, Fernando Andreu, sigue el procedimiento abierto contra las cooperativas, que incluye hasta una quincena de primeros compradores de leche, entre los que se encuentra el empresario lucense Carlos Evaristo Tejerina Pérez, a quien se ha relacionado con el grupo comprador de la planta de Outeiro de Rei.

Anticorrupción inició la investigación en 2004, a raíz del chequeo de las cantidades declaradas como supertasa láctea (multa por exceso de producción) correspondiente a las campañas de 2001 a 2003. También contó con la aportación de los datos entregados por el Fondo Español de Garantía Agraria, del Ministerio de Medio Rural, y por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Desde el departamento que dirige Elena Espinosa se limitaron a asegurar ayer que se decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía al detectar "ciertas irregularidades que actualmente tiene que esclarecer un juez y que se escapan del ámbito administrativo".

En este tiempo, desde que el sumario está en fase de instrucción, se han sucedido las declaraciones de los imputados en la Audiencia Nacional, así como las comisiones rogatorias instadas por la fiscal del caso a las autoridades portuguesas. Lo hace para que aporten la documentación de determinadas entidades bancarias relativas a operaciones de tráfico de divisas realizadas por algunos de los implicados en el presunto fraude, según se solicitaba en la querella. También se han pedido medidas cautelares, con el embargo de bienes entre los imputados.

La dimensión del fraude en el que están implicadas las cooperativas gallegas alcanzó, para la campaña 2001-2002, los 8,5 millones de euros, y superó los 75,7 millones en la correspondiente a 2002-2003. Para la Fiscalía queda acreditado que la leche declarada por sociedades ficticias de la trama procedía de ganaderos que habían superado las cuotas de producción que tenían asignadas individualmente. "La ocultación del origen de dicha leche", prosigue la querella, "a través de falsas importaciones y su posterior comercialización a través de numerosas sociedades mercantiles sin entidad económica ni infraestructura para la manipulación de leche, ha tenido como finalidad evitar el pago de la tasa suplementaria, ocasionando el consiguiente perjuicio a las arcas comunitarias". Las investigaciones de Anticorrupción también consideran probado que se documentaban con facturas falsas las importaciones de leche procedentes de Uruguay, que finalmente resultaron ficticias.

La leche sobreproducida y comercializada a través de esta red superó en las dos campañas los 236 millones de kilos. De acuerdo con Anticorrupción, los transportes contratados por algunas de las empresas, que a efectos administrativos se declaraban como importaciones, solían tener como origen un transbordo de leche procedente de otra cisterna en lugares poco adecuados para ello, deshabitados y cercanos a determinadas poblaciones. Tenían su destino directo en las grandes industrias transformadoras, entre las que cita a la propia Leche Pascual, Puleva y Leche Celta. Los ganaderos eran así los proveedores de las industrias, pero los transportes se facturaban a las sociedades interpuestas en la red de comercialización. Los ganaderos solían cobrar la leche producida mediante cheques librados con cantidades inferiores a los 3.000 euros, para no levantar sospechas.

Para Anticorrupción, queda demostrado que, además, en algunos casos los productores de leche agrupados en cooperativas adquirían cantidades a las empresas intermediarias de la trama con el fin de entregarlas a las grandes industrias, "con el pretexto de cumplir los compromisos adquiridos con las mismas". Consultado al respecto, el gerente de Alimentos Lácteos SA, la firma que aglutina a las cooperativas gallegas en la compra de la planta de Pascual en Outeiro de Rei, señaló desconocer el asunto. Roberto Casas también aseguró que no tiene constancia del grado de implicación en el caso de las sociedades que forman parte del proyecto. Eugenio Montero, responsable de La Arzuana y Perpetuo Socorro, eludió dar su versión sobre el sumario judicial abierto, mientras que Arcadio López, de Gancobre, otro de los impulsores de la operación de compra, aseguró que en este momento desconoce "cómo está el proceso", después de tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional el año pasado, "como muchos otros responsables de cooperativas".