Afer dedicó 8,5 millones del IVA a la compra de acciones de tres empresas

Los 43 millones del IVA que reclama la Hacienda de Vizcaya al grupo Afer tuvieron destinos variados. Un total de 8,5 millones se destinaron a compra de acciones de tres empresas, una de ellas participadas por el grupo Afer y otras dos de socios de su presidente, Jabyer Fernández. Este uso llama la atención cuando Afer ha justificado el impago de los 43 millones de IVA (procedentes de la venta de terrenos del proyecto Puerta de Bilbao en Barakaldo por parte de su filial Iurbenor) y la solicitud del aplazamiento de esa deuda por la necesidad de destinarlos al saneamiento de la empresa.

La explicación que ha dado Fernández, en la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, ha sido que, con la adquisición de acciones, buscaba garantías para que la Hacienda foral le concediera el aplazamiento (que fue rechazado) del pago de los 43 millones. Con esas compras, logró hacerse con otro 11% del capital de Habidite -la empresa creada para impulsar su fábrica de pisos en serie construidas mediante módulos-, lo que Fernández veía suficiente para que el proyecto de las viviendas sirviera de aval para aplazar la deuda.

Iurbentia, cuyos socios demandaron a Jabyer, recibió 3,5 millones por acciones

Aduce que, con el aplazamiento fiscal, se habría evitado pagar 33 millones

Como ya informó EL PAÍS el domingo, el juzgado dispone de los informes de Hacienda sobre el destino de los 43 millones, lo que motivó en abril pasado una denuncia penal de siete socios de Fernández -entre ellos Fernando García Macua, presidente del Athletic y hasta hace poco su mano derecha- por los presunto delitos fiscal, societario y de apropiación indebida. Esta deuda fue el desencadenante del enfrentamiento público hace ocho meses de Afer con la Diputación de Vizcaya. El grupo empresarial acusa a la institución foral de incumplir los tres convenios firmados en 2006, en los que la Diputación apadrinaba la novedosa fábrica de pisos con compromisos como la adquisición de 1.500 viviendas, la venta del suelo en una zona de Alonsotegi o la subvención de la I+D del proyecto. El enfrentamiento, sin precedentes en Euskadi entre un empresario y una administración, ha acabado en los tribunales con denuncias de ambas partes por la deuda fiscal del IVA.

Los 8, 5 millones pagados para acciones se dividen en 3,5 millones abonados a Iurbentia (la sociedad participada por Afer de la que surgió la denuncia de García Macua y seis socios más contra Fernández), 3,5 a Entrinova Invest, y 1,5 millones a Bost-H-96. Estas dos últimas empresas son propiedad de Miguel Aguirre (uno de los que ha presentado la denuncia contra Jabyer Fernández) y su yerno Diego Gutiérrez. En los informes de la Hacienda vizcaína adelantados por este diario, se constata este dato: que varios de los beneficiarios de parte de los 43 millones son socios que han denunciado al presidente de Afer y que recibieron el dinero antes de presentar la demanda.

El desglose del dinero repartido (más de 54,6 millones en total, al incluirse cerca de 12 millones que había en caja) tiene, según la información existente en el juzgado, otra partida de más de 23 millones para una cuenta de crédito de Residere Proyectos, una filial de Afer que sustituyó a Fonorte Inmobiliaria. Además, hay otros dos millones que van a cuentas de otras dos empresas, Cosimet y Cycasa, en la que aparecen como consejeros los también denunciantes de Fernández, Enrique Guzmán y Manuel Rodríguez Emaldi.

El resto del dinero se divide en otros 9,9 millones a Residere Proyectos, 4,2 van a Befesa (por el suelo de los terrenos del proyecto Puerta de Bilbao), casi 1,5 millones a Iurbenor (para gasto corriente) y 4,2 millones a Iurbentia, de los que 2,2 se quedan para el entonces Iurbentia Bilbao Basket (ahora Bizkaia Bilbao Basket), el club de baloncesto que fue patrocinado por el grupo de Jabyer Fernández.

Las argumentaciones del presidente de Afer ante el juzgado han sido que una gran parte del dinero no debería haberse repartido. En concreto, cerca de 33 millones, correspondientes a la cuenta de crédito de Residere, los 8,5 millones de compra de acciones y los dos millones pagados a las empresas Cycasa y Cosimet. Ello se habría evitado, según Fernández, con la concesión del aplazamiento de la deuda de 43 millones. Y esta petición, aduce, no habría sido necesaria con el cumplimiento de los convenios de la fábrica de pisos por parte de la Diputación, que incluían la subvención íntegra de los 15 millones de euros en investigación y desarrollo del proyecto.

Afer ha sostenido que, aunque el proyecto de la fábrica de Alonsotegi estuviera paralizado, con ese dinero y la disposición del suelo se habrían tenido recursos suficientes para hacer frente a la delicada situación del grupo. "Lo que no puede ser es que no sea ni una cosa ni la otra: que no haya ni aplazamiento ni entrega del dinero de la I+D y el suelo", señalan fuentes del grupo. El presidente de la compañía pretende reclamar una indemnización de 300 millones de la Diputación, al responsabilizarle de que se haya frustrado la fábrica de pisos en Alonsotegi.