Álava y el Estado acuerdan los plazos para la devolver los 450 millones de IVA

La Diputación de Álava y la Administración central han llegado a un acuerdo sobre los plazos en los que la segunda devolverá los 450 millones que se disputan por el IVA de los coches Rover importados para España entre 1990 a 2010, desde una plataforma logística ubicada en territorio alavés. El pago a la Hacienda foral de esta cantidad es consecuencia de la decisión en tal sentido adoptada por la Junta Arbitral del Concierto Económico y de la negociación posterior establecida por el PNV con el Gobierno central para apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

La Administración del Estado no se mostró conforme con el dictamen emitido en junio por el órgano extrajudicial que dirime las disputas tributarias entre ambas partes, al entender que las ventas de los coches se produjeron en toda España, y anunció que recurriría al caso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, Álava y el Gobierno vasco reclamaron que mientras se producía el fallo la Hacienda estatal abonara la cantidad en disputa. Esta reclamación se obtuvo en la negociación presupuestaria abierta por el PNV en octubre con el Gobierno central.

El diputado general, Xabier Agirre, explicará hoy los plazos y condiciones en que se producirá la devolución cautelar de los 450 millones, tras las conversaciones técnicas mantenidas entre las dos partes.

Pasan las cuentas forales

Por otro lado, el acuerdo de estabilidad institucional suscrito por PSE y PNV dio ayer sus frutos en Álava, después de hacerlo la pasada semana en Vizcaya y Guipúzcoa. Las Juntas Generales rechazaron con los votos de ambas formaciones, a las que se sumó EA, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición contra el proyecto de presupuestos foral para 2010. No hubo demasiadas sorpresas en el debate sobre unas cuentas marcadas por una caída de la recaudación del 22,1% prevista para el cierre del ejercicio.

El proyecto, que nació con polémica al ser expulsado Aralar del equipo de gobierno por negarse a apoyarlo, asciende a 605 millones, un 1,08% menos que en 2009. El diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, destacó que las cuentas priorizan el gasto social y buscan optimizar los recursos "de la forma más eficiente".

El portavoz del PP, Javier de Andrés, censuró el proyecto porque plantea "una subida de impuestos, una mayor deuda pública, y prioriza el gasto de una forma que no compartimos". EB, Aralar y el grupo mixto criticaron el modelo fiscal que se aplica en tiempos de crisis.