La policía ve "dejadez" en el control de la caja municipal de San Fernando

El desfalco detectado en la caja municipal de San Fernando (Cádiz) podía haberse evitado. Hubiese bastado un mínimo control para comprobar cómo diariamente desaparecían cantidades de entre 500 y 45.000 euros hasta los 7,8 millones contabilizados en los últimos cinco años. Así consta en el informe de la brigada de la policía judicial de San Fernando, uno de los documentos recogidos en el sumario del caso. Las investigaciones atribuyen al funcionario encarcelado, Clemente Ruiz, la autoría material del robo, aunque todavía no ha podido descubrirse el destino final de todo el dinero.

La jueza ha llamado a declarar la semana que viene al interventor, la tesorera y dos auxiliares de la caja. Lo harán como testigos, aunque la policía cree que su "dejadez" fue crucial para la comisión de los delitos. "De todos los sospechosos investigados no se observan circunstancias anómalas de enriquecimiento desproporcionado. Sólo las informaciones recabadas a Clemente Ruiz apuntan a una capacidad económica muy desproporcionada con su nivel de ingresos como funcionario", recoge el informe policial. La desaparición del dinero se descubrió en abril gracias a una auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía y fue el Ayuntamiento el que lo denunció ante la policía.

La investigación cree que el funcionario detenido es el autor material del desfalco

Fueron detenidos enseguida los dos trabajadores encargados de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero, los únicos imputados porque supuestamente eran los únicos que tenían acceso al dinero. Fueron apartados de sus puestos. Ruiz fue encarcelado hace algunas semanas tras detectarse que había adoptado nombre árabe. Lebrero está en libertad con cargos y su nombre apenas aparece en la investigación. Sí constan en el sumario sus declaraciones en las que acusa a otros trabajadores de tenderles una trampa y asegura que ha tenido que vender oro para poder comer.

La investigación se ha centrado en Ruiz. Él fue el inventor de un sistema, las hojas de caja, en las que reflejaba diariamente los ingresos y gastos. Siempre las controlaba de él. De hecho, en cuatro años sólo le constan siete días de vacaciones. La Policía ha descubierto que entre 2005 y 2009 realizó ingresos en sus cuentas que no ha podido justificar. En una de Cajasur llegó a realizar 227 entradas por un valor de 249.000 euros. Sus gastos mensuales siempre excedían su salario de 1.700 euros. La investigación cree que el dinero robado pudo acabar en un negocio inmobiliario que él tenía y ha detectado 47 facturas de operaciones falsas.

Además, los agentes han demostrado la generosa amistad que compartía con una familia de origen marroquí, vecina a su domicilio. El funcionario actuó de fiador en préstamos, les vendió un inmueble y al hijo mayor le sufragó gastos mensuales de hasta 15.000 euros. Según la Policía, Ruiz dejó de pagarles cuando fue detenido en abril.

Los agentes sospechan que parte del dinero fue a esos ingresos extraordinarios de Ruiz y que otra parte acabó en los negocios de los marroquíes. Por eso la jueza autorizó registrar las propiedades de esta familia y retirarles sus pasaportes. Los registros no han servido para encontrar el dinero y ya se les ha devuelto la documentación. El funcionario y la familia marroquí siempre han negado vinculaciones económicas.

Lo que también concluye la policía es que, aunque todo apunte a que el funcionario fue el autor del robo, no podría haberlo hecho si la caja hubiese funcionado correctamente. "La modalidad delictiva ha podido consumarse debido a la falta de control y dejadez en sus funciones de los superiores del área de tesorería, sobre todo, el interventor y la tesorera". Ambos tendrán que declarar el 10 de diciembre. La Policía reconoce su incapacidad de haber encontrado el resto del dinero. Lo atribuye a que el presunto autor ha tenido mucho tiempo, cinco años, para canalizar, transformar y ocultar el dinero en efectivo.