La Generalitat limitará el poder de los municipios para abrir comercios medianos

Cataluña sigue sin nueva ley autonómica del comercio que regule las aperturas de establecimientos, a tres semanas para que entre en vigor el marco legal europeo que obliga a modificar la ley actual. Pero anoche, el presidente de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, se descolgó con el anuncio de "un acuerdo en el seno del Gobierno catalán" sobre el principal escollo que mantenía la normativa atascada, que versaba sobre el margen de maniobra de los municipios a la hora de autorizar la apertura de nuevos centros comerciales. Según Puigcercós, será la Generalitat, y no los ayuntamientos, quien dará luz verde o rechazará nuevas licencias en el caso de los establecimientos con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados.

El líder de ERC vincula la especulación inmobiliaria a los grandes comercios

Es exactamente lo que venía reclamando el sector del pequeño y mediano comercio, que ayer mismo se reunió y difundió un manifiesto en el que emplaza al Gobierno catalán a "asumir sus responsabilidades" y a "acelerar la tramitación de la ley". La Mesa del Comercio -constituida por 11 organizaciones empresariales y sindicales, entre las cuales las de mayor peso, la CCC y la CEDAC- considera conveniente que "toda implantación con un impacto supramunicipal necesite una licencia comercial otorgada por la Generalitat". Y por impacto supramunicipal entiende los centros de más de 1.300 metros.

El anuncio de Puigcercós, no confirmado por ningún departamento del Gobierno catalán, supone un cambio de calado respecto al anteproyecto de ley de comercio presentado por el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, el pasado 30 de septiembre, que confina a las nuevas superficies. El texto establecía que a un establecimiento de menos de 1.300 metros cuadrados le bastaba, para abrir, con comunicárselo a su consistorio. La Generalitat otorgaba licencias a las grandes superficies (a partir de 2.500 metros cuadrados), pero correspondía a los ayuntamientos dar licencias en la franja de los centros medianos (entre 1.300 y 2.500 metros). Son conocidas las presiones de grandes municipios, muchos de ellos gobernados por el PSC, para tener margen en la decisión por los ingresos que reportan las grandes superficies, y esas presiones se han acabado reflejando en las discusiones sobre la ley, encallada en el consejo técnico, que reúne a distintos departamentos. Según el sector, las diferencias eran notorias entre Innovació, por una parte, y Economía y Política Territorial por otra. Los departamentos minimizan las diferencias. En este contexto, Puigcercós cargó contra quienes a su juicio ponen en peligro el modelo catalán de comercio y les llamó "tropa de provincianos, falsos progresistas, que asocian el progreso al predominio de la especulación inmobiliaria y de las fuentes de financiación dudosas de algunos ayuntamientos del país, o al dominio de grandes operadores comerciales".

No hay tiempo para que haya nueva ley de comercio catalana antes del 28 de diciembre, pero la Generalitat aprobará en breve un decreto ley que evitará un vacío legal cuando entre en vigor la directiva europea de liberalización de servicios, que fuerza a cambiar la norma autonómica.