La traumática historia de un tribunal en diez recusaciones

El Tribunal Constitucional, "intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sólo sometido a la Constitución", según proclama su propia Ley, vive desde hace tres años zarandeado por el poder político. El acoso político al alto tribunal ha provocado desde 2006 una disparatada espiral de recusaciones: cinco del PP -sólo una prosperó-, dos del Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero -que fueron aceptadas- y tres más del Gobierno tripartito catalán -rechazadas de plano-.

Han pasado tres años desde que el PP presentó su recurso -contra el Preámbulo, 12 disposiciones y 114 de los 223 artículos del Estatuto- y el Constitucional se ha visto obligado a dedicar al menos dos de esos tres años a dirimir las 10 recusaciones que PP y PSOE interpusieron para anular a magistrados supuestamente contrarios a sus intereses.

El PP abrió las hostilidades y los Gobiernos central y catalán le siguieron. Todo comenzó cuando el Parlamento catalán aprobó su proyecto de Estatuto y lo remitió al Congreso.

- Primera recusación de Pérez Tremps. En noviembre de 2005, el PP recurrió al Constitucional por entender que no se podía admitir a trámite en el Congreso un texto que suponía una reforma de la Constitución. A la vez, el PP recusó a un magistrado progresista, Pablo Pérez Tremps, por "carecer de la imparcialidad debida" al "haber asesorado la reforma del Estatuto". En realidad, Pérez Tremps sólo elaboró un informe en 2003 a petición del Gobierno de CiU, que no había hecho ninguna reforma estatutaria. El Constitucional, por ocho votos a tres, desestimó la recusación: "Un trabajo académico no puede justificar una sospecha fundada de parcialidad".

- Éxito de la segunda recusación. El PP, con el Estatuto catalán aprobado en el Congreso, recurrió ante el Constitucional y volvió a recusar a Pérez Tremps por idéntico motivo. Algunos magistrados cambiaron su opinión de un año antes y sacaron de la deliberación sobre el Estatuto a Pérez Tremps, con lo que se configuraba una mayoría conservadora de seis frente a cinco. Esta maniobra coincidió con otras dos recusaciones del PP a la presidenta del Constitucional, la progresista María Emilia Casas, y del Gobierno catalán al conservador Roberto García Calvo. Ambas fueran rechazadas de plano.

- El mandato de la presidenta. El temor a que los magistrados conservadores dieran un golpe de mano y no aceptarán la prórroga del mandato de la presidenta del Constitucional, llevó al Gobierno a aprobar in extremis y con la ayuda de IU, una reforma legal que desató de nuevo las hostilidades en el verano de 2007. La reforma permitía la prórroga automática del mandato de la presidenta. El PP recurrió de nuevo al Constitucional pero una maniobra de dos magistrados conservadores, que firmaron un escrito contra la reforma antes de que fuera recurrida por los populares, permitió al Gobierno recusarles y apartarles de las deliberaciones. En plena batalla por hacerse con la mayoría en el Tribunal, el PP utilizó una noticia falsa publicada por El Mundo para recusar a tres magistrados progresistas. El Constitucional rechazó la recusación.