Sansón y los muros del Estado
Aunque el vicesecretario de Comunicación del PP saltó rápidamente a los micrófonos para negar que la ofensiva de los populares contra el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel) al servicio de la autoridad judicial se proponga invalidar las actuaciones del caso Gürtel, una declaración de la consejera de Justicia de Valencia anunció el pasado jueves que el presidente de la Generalitat no descarta como imputado la adopción de esa estrategia de defensa jurídica. Tan imprudentes palabras sólo sorprenderán a quienes crean que los niños vienen de París en el pico de las cigüeñas: desde comienzos de noviembre era evidente que la campaña sobre la supuesta inconstitucionalidad de Sitel persigue la anulación de las actuaciones judiciales del caso Gürtel, una trama político-mafiosa empotrada simbióticamente en el PP.
Cuando un cargo público miente ante un tribunal, ¿no sacude también el edificio del Estado?
La torpe maniobra obstruccionista dirigida a distraer la atención pública del penoso espectáculo formado por los trajes regalados a Camps, el maloliente pudridero del PP madrileño presidido por Aguirre y las operaciones financieras del tesorero Bárcenas han tenido efectos contraproducentes. Por lo pronto, el dispositivo Sitel fue contratado en 2001 por Rajoy como ministro del Interior; su importe -cercano a los 10 millones de euros- lo pagó en 2003 Cospedal como subsecretaria del departamento. Ya en la oposición, el Grupo Popular reclamó al Gobierno socialista la ampliación del sistema de interceptación telefónica a todo el ámbito de la Policía Judicial.
De añadidura, el Supremo ha confirmado la constitucionalidad de Sitel. La Sala de lo Penal ha rechazado en ocho ocasiones los recursos de casación presentados por condenados de tribunales de instancia que invocaron como motivo la aplicación del nuevo procedimiento de captación de sus comunicaciones por orden judicial; la sentencia de 5 de noviembre de 2009 reitera "la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista" como Sitel para la grabación y reproducción de las conversaciones telefónicas.
Inspirado tal vez por la polémica iraní sobre los fines pacíficos y los propósitos destructores de la energía atómica, los portavoces populares distinguen entre el uso bueno de Sitel, que Rajoy se proponía aplicar cuando fue ministro del Interior, y un uso malo, que el Gobierno socialista ha puesto en práctica para sus diabólicos objetivos. Así pues, no se trata ya de achatarrar la costosa maquinaria adquirida en su día por el PP, sino de bendecir su funcionamiento -actualmente alegal- mediante una ley orgánica ad hoc, como propuso ayer en el Congreso -sin éxito- el Grupo Parlamentario Popular.
El PP sólo pretende sembrar dudas e insidias sobre Sitel a fin de proyectar retrospectivamente la sombra de la ilegalidad sobre el sumario de la trama Gürtel. La sentencia dictada el 5 de febrero de 2008 por la Sala Tercera del Supremo resolvió que la cautela de la ley orgánica era superflua: ¿para qué añadir entonces a la hacinada selva normativa una nueva planta? Además, el Gobierno socialista prepara desde hace un año la reforma de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal para modernizar el tratamiento judicial de las intervenciones telefónicas.
La sentencia 142/2009 del Constitucional subraya que el derecho de los imputados "a no declarar contra sí mismos" y "a no declararse culpables" nada tiene que ver con el inexistente derecho fundamental a mentir que algunos alegan. El auto de 1 de agosto del Tribunal Superior valenciano confirmó que Francisco Camps mintió a la policía y al juez instructor cuando negó haber recibido trajes regalados de la trama Gürtel. Parece que el presidente de la Generalitat se dispone ahora a dar otro paso más: la petición de nulidad de las actuaciones sumariales a cuenta de la pretendida inconstitucionalidad de Sitel, un dispositivo que ha permitido la condena de terroristas, narcotraficantes y mafiosos. Jueces relata cómo Sansón -rapado por Dalila, cautivo en Gaza, privado por Yahveh de su condición de nazir y cegado por sus carceleros- derribó las columnas del templo de Dagón al grito de "¡Muera yo con los filisteos!". Cuando un cargo público miente ante un tribunal y utiliza torticeramente las garantías procesales de cualquier imputado (esté acusado de cohecho o de robar gallinas), ¿no sacude también el edificio del Estado?
