Sistema electoral: ¿solución o bálsamo?

Es de agradecer que, aunque tarde y de manera remolona, los dirigentes políticos de este país se hayan dado cuenta de que renovar el sistema electoral no era algo imposible. Hace 30 años decidieron que no iban a decidir sobre qué sistema electoral convenía a Cataluña, y simplemente plasmaron en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 que, de momento, las elecciones se harían como se había decidido que fueran las elecciones a las Cortes Generales, con pequeñas correcciones sobre distribución territorial de escaños que acabaron primando a algunos partidos por encima de otros. Hace tres años, el largo debate sobre el nuevo Estatuto acabó con una Disposición Transitoria Segunda que decía que la anterior transitoriedad seguía estando transitoriamente en vigor. Y justo ahora, medio noqueados por el impacto conjunto de los casos Millet y Pretoria y en medio de una crisis económica que vamos detectando que de pasajera no tiene nada, descubren que es el momento de hacer la ley electoral pendiente. Justo cuando nos quedan apenas siete meses de vida parlamentaria.

Interesa más reforzar las posibilidades de control social en el día a día, y no sólo en el momento de las elecciones

Uno no acaba de ver la conexión. Si la respuesta es hacer urgentemente una ley electoral, ¿podría alguien recordarme cuál era la pregunta? Que quede claro que estoy a favor que se haga una ley electoral propia. Que quede claro que creo que debe hacerse cuanto antes. Que quede claro que lo que tenemos puede mejorarse notablemente. Y que quede claro también que, tanto la solución aportada por los expertos convocados por la Generalitat previo acuerdo con los partidos, como la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular presentada por Ciutadans pel Canvi, o la alternativa que ofrece el modelo alemán, me parecen, con matices, mejores todas ellas de lo que ahora está "transitoriamente" en vigor. Mi problema no es de contenido, es de oportunidad. Y es ahí donde la cosa obliga a pensar en la imagen del efecto balsámico que la combinación de medidas destinadas a controlar mejor el gasto público y sus derivadas, y la propuesta de renovación del sistema político vía una nueva legislación electoral, pretenden conseguir.

Los problemas del sistema electoral con el que ahora estamos obligados a funcionar genera algunos problemas básicos: falta de adecuación entre composición de listas e inserción y vinculación personal y efectiva de los distintos candidatos a la circunscripción en la que se presentan; incapacidad de los ciudadanos para ejercer una posibilidad de elección significativa a partir de la lista proporcionada por los distintos partidos políticos; problemas derivados de la irregularidad de inserción de la población catalana en el conjunto del territorio. Estos temas, junto con otros menores, pueden solucionarse mejor o peor con las fórmulas propuestas en las distintas alternativas presentes actualmente y antes mencionadas.

La impresión es que en menos de un año, con la que está cayendo y con las dudas considerables que aquejan a cada formación política sobre su futuro, el cambio tiene pocas posibilidades de producirse. Bienvenido si se hace y felicidades a quien lo consiga, pero no basta. Interesaría más que se trabajara para reforzar las posibilidades de control social en el día a día, y no sólo en el preciso momento de las elecciones. Los problemas que tenemos no derivan (sólo ni principalmente) de que las listas sean cerradas y bloqueadas. Ni tampoco de que la gente no conozca directamente a su diputado de distrito. Ello ayudaría a que los políticos se acerquen más a la ciudadanía, pero no resuelven los problemas que nos acongojan estos días. Es preciso reforzar la capacidad de vigilancia democrática de los ciudadanos, de las entidades, de cualquier persona o grupo interesado por los asuntos públicos. La desconfianza de la gente no es negativa. Es el resultado de un proceso de aprendizaje de 30 años sobre las promesas de la democracia y sus incumplimientos. Y la fuerza transformadora de esa desconfianza no debe desdeñarse. Si aprovechamos los canales que los instrumentos de información y comunicación ofrecen hoy día, podemos hacer más transparente la política, con más capacidad de control crítico y constructivo, obligando así a que la labor de intermediación de los políticos tenga más valor, y no sea vista como obsoleta y redundante.