El juez ve delito ecológico en los vertidos de Barrika y rechaza archivar el caso

El juzgado de instrucción de Getxo que investiga vertidos en un área protegida de Barrika ha rechazado el archivo del caso, como solicitaba uno de los dos imputados. El juez cree que hay indicios de un delito ecológico al no cumplirse las directrices del Gobierno y la existencia de niveles altos de cadmio y arsénico.

Este caso está en los tribunales desde hace tres años, tras una denuncia contra el ex presidente del PNV de Barrika Jon Larrazabal que realizó un relleno en un área de más de 8.000 metros cuadrados con el fin de acondicionarla para un uso agrícola. Larrazabal desglosó el proyecto en dos superficies para evitar la autorización del Departamento de Medio Ambiente y precisar sólo el permiso municipal, señalaba la demanda. Un informe de 2007 del Instituto Nacional de Toxicología certificó que en las tierras de los rellenos había concentraciones de arsénico y cadmio de hasta el triple del umbral legal de afección a los ecosistemas.

Además del ex presidente del PNV, el otro imputado es Alexander Albizu, responsable de Excavaciones Baranda, la constructora que realizó los movimientos de tierras. Su defensa pidió en junio pasado el archivo del caso pero el Juzgado de Instrucción 5 de Getxo afirma que hay indicios de que ambos no cumplieron las disposiciones del Gobierno al tratarse de una zona catalogada como espacio natural relevante. Agrega que los vertidos y excavaciones han creado "peligro" en un espacio natural.