Un caso de espionaje abre una crisis entre Chile y Perú

Las siempre tirantes relaciones diplomáticas entre Perú y Chile se encuentran bajo mínimos después de que el Gobierno de Lima detuviese el jueves a un suboficial de su propia Fuerza Aérea, acusado de espiar para los servicios de inteligencia chilenos. El presidente peruano, Alan García, canceló ayer la entrevista que tenía programada con su homóloga chilena, Michelle Bachelet, en Singapur, donde ambos mandatarios participan en la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

García anunció que adelantaría su regreso a Perú para examinar la situación. Ya el viernes, el Gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en Santiago ante un hecho que el ministro de Exteriores, José Antonio García Belaunde, calificó como "un acto inamistoso y ofensivo". También se canceló el viaje a Chile de la ministra de Producción, Mercedes Aráoz, quien tenía previsto visitar a Bachelet la próxima semana para exponerle la iniciativa peruana de reducir el gasto militar en la región. No obstante, García Belaunde descartó que Perú vaya a romper las relaciones bilaterales.

El presunto confidente recibía pagos de 5.000 euros mensuales

Mientras tanto, en Lima ya se habla de una red de espionaje que habría proporcionado importantes documentos clasificados, como el plan estratégico de la Fuerza Aérea, sus planes armamentísticos, códigos telefónicos y la relación completa de oficiales y subalternos que recibían instrucción en las escuelas de inteligencia de su institución. Según fuentes del Ministerio de Defensa, el técnico inspector Víctor Ariza Mendoza, especialista en inteligencia, fue capturado después de cinco meses de seguimiento, en el que se determinó que recibía pagos mensuales de entre 6.000 y 8.000 dólares (entre 4.000 y 5.000 euros) a cambio de las informaciones que suministraba. También se supo que fue delatado por un colega, al que habría intentado captar para que también realizara labores de agente doble.

Ariza Mendoza, que había trabajado en la Embajada peruana en Santiago en 2002, ya ha sido denunciado por espionaje, revelación de secretos nacionales y lavado de activos, y podría ser condenado hasta a 35 años de prisión. También ha sido procesado otro subalterno de la Fuerza Aérea, cuyo nombre no se ha revelado hasta el momento, y dos ciudadanos chilenos, que se presume serían sus enlaces con los servicios secretos de ese país. De acuerdo con fuentes judiciales, Ariza ya ha admitido su culpa y asegurado que espiaba para Chile por necesidades económicas.

El Gobierno chileno ha negado las acusaciones y ha pedido prudencia. "No corresponde que haya acciones precipitadas ante antecedentes que no tienen como fundamento una investigación que sea válida", declaró la portavoz del Ejecutivo chileno, Carolina Tohá. "Queremos ser muy claros, Chile no espía. Chile es un país muy serio en sus relaciones internacionales", agregó.