Roda de Barà llevará al juez adjudicaciones irregulares de CiU

Desatinado pleno municipal en Roda de Barà (Tarragonès). La auditoría externa que detalla adjudicaciones irregulares por 4,6 millones de euros sacudió ayer la sala de plenos del Consistorio. Entre insultos y acusaciones subidas de tono se ordenó desalojar la sala; después, siete de los 13 concejales abandonaron el pleno mientras la alcaldesa Mayte Huerta (PSC) leía un comunicado en el que se acusaba a CiU de la crisis en la que se ha instalado el municipio. Los grupos políticos sólo coincidieron en un punto: "Estamos dando un espectáculo lamentable", repetían unos y otros para, acto seguido, proseguir con la función.

Ésta acabó con el anuncio de que la alcaldesa llevará al juzgado la construcción de un depósito contratada en la época del gobierno convergente. "Puede tener repercusiones penales y, sí, la llevaré al juzgado", respondió Huertas ante la sala vacía. "¿Llevará algún documento al juzgado?", había preguntado, interrumpiendo a la alcaldesa, una compañera del mismo grupo. El golpe de efecto cerró la sesión.

Los nacionalistas acusan al PSC de prácticas anómalas en los contratos

Los primeros minutos auguraban un pleno tranquilo. En la sala cabía algún alfiler, pero poco más. La afluencia masiva no alteró las intervenciones, pero el ambiente se crispó cuando el portavoz del PP, Pedro Figueredo, preguntó a la alcaldesa por qué su grupo rompió con los populares seis meses atrás, cuando ambos gobernaban en coalición. La respuesta vino del público: "Porque esperabais gobernar con CiU". "¡Mentirosa, fascista!", gritó un hombre desde la quinta fila. Huerta lo expulsó de la sala y empezó la caída libre.

Partidarios de las formaciones se alzaron en coro y la orden de desalojo llegó en cinco segundos. "Mirad lo que habéis conseguido, deberíais recapacitar", advirtió a modo de despedida el último vecino en abandonar la sala. Su aviso surtió efecto, pero poco. "Esto no puede continuar así", reanudó la alcaldesa. "Hemos convertido esto en un circo y Roda de Barà no se lo merece", señaló el portavoz de CiU, José Donoso. Luego volvieron a la carga.

CiU lamentó que el Ayuntamiento empleara la auditoría como cortina de humo para ocultar la realidad del municipio. El PSC lo negó. Todos se tildaron de mentirosos para arriba y se sacaron trapos sucios hasta en los muebles. CiU acusó al Consistorio de irregularidades en la compra de material de oficina. El PP acusó a CiU de lo mismo en varios convenios firmados años atrás. Un concejal llamó "imbécil" a otro y el resto se repartió cumplidos parecidos. Hasta que la alcaldesa procedió a leer el manifiesto que carga contra los gobiernos de CiU. La segunda vez que Huerta levantó la cabeza del papel sólo vio a los concejales del PP y a los suyos. El circo terminó de mala manera.