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COLUMNA

La institución sentimental

Hace unos años, en el momento álgido de las manifestaciones multitudinarias contra ETA encabezadas por miembros del Gobierno, hubo quien señaló su incongruencia. Argüía, en primer lugar, que una manifestación encabezada por un Gobierno neutralizaba de alguna manera al destinatario de la misma, en estos casos habitualmente el propio Gobierno -como pudimos comprobar en la pasada legislatura a raíz del proceso de paz-. Si su destinatario no era el Gobierno, no podía ser otro que ETA, lo que aún hacía más incongruentes aquellas manifestaciones, al convertir en suplicante a un Gobierno que lo que tenía que hacer era utilizar la fuerza.

Pese a que aquellas manifestaciones carecían en realidad de destinatario, el reproche a la presencia del Gobierno en ellas tenía su consistencia. Las manifestaciones antiterroristas de años recientes tenían su objetivo en ellas mismas: eran actos de solidaridad con las víctimas y eran también actos de autorreconocimiento, de consolidación de una conciencia cívica contra el terror. La presencia del Gobierno en ellas las convertía además en actos de apoyo al Gobierno en una lucha que enfrentaba a ETA con las instituciones democráticas.

El modelo, sin embargo, se ha generalizado; ya no se limita a la tragedia terrorista. Y en estos casos pone en evidencia sus debilidades inherentes. Lo vemos en el caso del Alakrana, y lo vemos igualmente en el caso no menos dramático del asesinato de Nagore Laffage. Todos somos solidarios con el sufrimiento de los marineros del Alakrana y de sus familiares, y todos somos solidarios con el dolor de la familia de Nagore Laffage; es lo que se debe presuponer en una sociedad sana. La continua necesidad de manifestar públicamente esa solidaridad pone, sin embargo, en entredicho esa presuposición: es como si no estuviera clara y tuviéramos que demostrarla, como ocurría en efecto con las víctimas de ETA. Es cierto que esas manifestaciones públicas de solidaridad pueden reconfortar a los que sufren, como también es cierto que no es ése su único objetivo, una pretensión muy legítima y comprensible viniendo de quienes sufren.

Lo que ya no es tan comprensible es que nuestras instituciones y partidos políticos entren en esas lides, orillando incluso lo contraproducentes que pueden ser para los objetivos que se persiguen -como se ha señalado en el caso del Alakrana- o la presión a la que pueden someter a otros poderes del Estado -como en el caso de Nagore Laffage-. Los gobiernos no son instituciones sentimentales, sino que han de ser instituciones eficaces, tanto en el logro de sus fines como en la defensa de la organización del Estado. La necesidad de participar, para volverla favorable, en esta oleada de emociones, puede llevarlos a desviarse de su verdadera finalidad y convertirlos en inductores de algo en lo que no deberíamos convertirnos: una democracia sentimental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de noviembre de 2009