Dos ex altos cargos de Ferrocarrils de Cataluña deben devolver 2,7 millones

Enric Roig y Antonio Herce, ambos presidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat en la etapa de Convergència i Unió (CiU), deberán reponer 2,7 millones a la empresa que dirigían, según establece una sentencia del Tribunal de Cuentas que confirma plenamente una resolución anterior frente a la que ambos habían presentado recurso.

El Tribunal da por probado que ambos promovieron, a espaldas del consejo de administración, un plan de pensiones para ellos mismos y otros miembros del comité de dirección de la empresa. Pensiones cuantiosas que, al final, eran opíparos aumentos de sueldo diferidos y encubiertos. Asimismo, Roig percibió 39.306 euros en concepto de dietas por actos que no debían ser retribuidos de esta forma.

Entre los motivos esgrimidos indebidamente para percibir dietas, el fallo cita reuniones con personas de la dirección de Ferrocarrils, reuniones con el consejero de Política Territorial, encuentros con directivos de otras empresas o administraciones y asistencia a actos protocolarios.

El fallo fija que el total defraudado asciende a 3.225.303 euros, en concepto de los planes de pensiones, más los 39.306 euros por dietas indebidas. Aún así, las cantidades que han de devolver a la empresa son menores debido a que algunas percepciones habían prescrito en el momento en el que se inició la investigación.

Los dos condenados alegaban en sus recursos, entre otras razones, que todo había quedado prescrito. El tribunal rechaza esta pretensión, ya que considera que las gestiones para enmendar la situación se inician el 19 de marzo de 2003, cuando la Intervención de la Generalitat efectúa un informe sobre los años 2000 y 2001 en el que alude a "pagos objeto de controversia", en referencia a los efectuados para la provisión de estos fondos de pensiones. Esto hace que sólo se exija la devolución de los pagos efectuados con posterioridad al 20 de marzo de 1998.

El tribunal exime al ex director de la empresa Miquel Llevat, porque, afirma, "no intervino ni en la creación del fondo ni participó en ningún otro pago" que el que se le efectuó a él mismo cuando abandonó la empresa.

El proceso seguido, reconoce el tribunal, fue el siguiente: Roig y Herce constituyeron en 1991 un fondo de pensiones para 15 miembros (incluidos ambos) de la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat. Si un directivo dejaba la empresa recibía la parte correspondiente. El resto se repartió el dinero al disolverse el fondo en el año 2000, siendo ya Herce presidente. Roig, que había dejado la empresa en 1999, percibió más de un millón de euros. Herce cobró 278.391 euros cuando se procedió a disolver el fondo y repartir las aportaciones y los beneficios generados.