Los piratas llevan a la Audiencia a un callejón sin salida

"Cualquier solución que se adopte será una chapuza". La frase, pronunciada ayer por un magistrado de la Audiencia Nacional a propósito de los dos piratas somalíes acusados de participar en el secuestro del atunero Alakrana en aguas internacionales del océano Índico y encarcelados en España, refleja el tremendo lío en el que se ha metido la justicia cuando todavía está abierta la negociación de la que pende la vida de los 36 tripulantes del buque español.

Legalmente no hay ninguna vía por la que devolver a los dos piratas a Somalia, una de las condiciones que los secuestradores exigen -además de una importante suma de dinero- como rescate antes de devolver el barco y poner en libertad a la tripulación. La ley siempre es interpretable, pero el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ya declaró en Extremadura que no tenía ninguna duda de la competencia del organismo que preside para enjuiciar a los dos piratas encarcelados en España.

Una de las alternativas sería la cesión del caso a la justicia keniana

España indultó a dos islamistas tras el rapto en Líbano de dos diplomáticos

Por si fuera poco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por 16 magistrados, confirmó el pasado 2 de noviembre su propia competencia y ordenó al juez Santiago Pedraz que continuara con la instrucción del sumario.

Ahora, a la vista de la angustia de las familias de los secuestrados -tres de los cuales fueron apartados de sus compañeros el jueves y trasladados a tierra bajo la amenaza de matarles si los dos somalíes que están en España no regresan libres en 48 horas, aunque ayer fueron devueltos al barco-, se buscan soluciones de urgencia. Los políticos vuelven los ojos hacia la fiscalía y a los jueces para que allanen los obstáculos necesarios para cumplir las exigencias de los secuestradores. Legalmente, según fuentes de la Audiencia Nacional, es imposible.

El propio Ángel Juanes, requerido para que ofreciera su punto de vista, sólo pudo decir: "Ahora mismo no puedo. En serio, no puedo". Entre las posibilidades que se barajan se encuentra una declinatoria de jurisdicción para que los dos piratas sean entregados a Kenia, en virtud del canje de notas de los países de la Unión Europea, que ya se utilizó en el caso del Playa de Bakio, aunque no se sabe qué utilidad puede tener la medida pues los secuestradores no piden que les lleven a Kenia para juzgarles, sino que les devuelvan libres a Somalia. También se ha barajado una instrucción ultrarrápida con una acusación menor que conllevaría una pena mínima con la que se conformarían los dos piratas de forma que luego fueran expulsados de España.

Ninguna de estas opciones parece jurídicamente factible, y no es probable que Pedraz vaya a aceptar enjuagues después de que la Sala de lo Penal le obligara a hacerse cargo del caso de Cabdiwelli Cabullahi, Abdu Willy, el pirata creciente-menguante en cuanto a su edad. Pero nadie quiere descartar nada y la Sala podría cambiar de criterio y ordenar a Pedraz la adopción de alguna solución imaginativa que, por ahora, no se vislumbra.

Entre tanto, Abdu Willy ha cambiado de abogado. Ahora le defiende Francisco Javier Díaz Aparicio, en lugar del letrado de oficio que le había correspondido. Además, la letrada del pirata Raagegeesey Hassan Haji acudió ayer por primera vez al juzgado para estudiar los dos tomos de la causa que se tramita desde hace un mes.

Mientras, la situación ha entrado en el reino de las especulaciones y los rumores. Lo cierto es que el presidente de la Audiencia recibirá el martes a los familiares de los secuestrados, para escuchar sus inquietudes.

Jurídicamente, el caso parece un callejón sin salida, pero ayer se recordaba el caso del GEO Pedro Antonio Sánchez y de los hermanos Assad y Gaspar Abdu, canciller y vicecanciller de la Embajada española en Beirut, secuestrados en enero de 1986 por milicianos de Amal, la guerrilla shií de Líbano. Los integristas, que año y medio antes habían secuestrado también al embajador Pedro Manuel de Arístegui, exigieron la liberación de dos de sus compañeros, Mohamed Rahal y Mustafá Jalil, que habían sido condenados por la Audiencia Nacional a 23 años de cárcel cada uno por su participación en el intento de asesinato de Ahmed Idris, funcionario de la Embajada de Libia en Madrid, en el verano de 1983.

Aunque oficialmente se dijo que la liberación de los secuestrados no había tenido ningún coste político, los dos presos fueron indultados seis meses después, expulsados de España y recibidos en Líbano por el presidente de Amal, Nabih Berri.