Esto no es un empate

De pronto, la actualidad política se tiñe de alarma por la corrupción. La ciudadanía llevaba meses desayunándose con la trama Gürtel, un asunto del PP en Madrid y Valencia, cuando se descubre en Barcelona el caso Millet, que afecta de lleno al nacionalismo de CiU y sus derivados. No estaba todavía digerido, cuando el juez Garzón tira del hilo de una evasión de capitales y aparece una trama de corrupción urbanística a medias entre un alcalde del PSC, un ex diputado socialista y dos de los principales colaboradores de Jordi Pujol en los primeros gobiernos de CiU.

El resumen obvio es que ya están pringados casi todos los partidos. No todos, pero casi. No todos, pero sí los principales, los que en las últimas elecciones al Parlamento catalán recibieron, juntos, el 85% de los votos ¿Es esto un empate? Ésta podría ser la conclusión cínica a que llegar. Si ya están casi todos, si resulta que casi todos tienen pecadores en sus casas, casi nadie puede presumir de honradez y, sobre todo, casi nadie puede recriminar a otros las flagrantes deshonestidades de que dan cuenta los autos judiciales. Al principio, mientras el goteo de fechorías era sólo un grano de pus en la geografía del PP, los socialistas decían, como quien no quiere hurgar demasiado, "a ver si lo arreglan, a ver si lo arreglan, por el bien de la democracia". Daban a entender que ni lo arreglaban ni había en el PP nadie con autoridad para arreglarlo. Pero después saltó el caso Millet y lo más destacado que pudo oírse fueron los suspiros de alivio del PP, que por fin ya no estaba sólo subiendo aquel Gólgota, y la sonora advertencia de un Pujol casi fuera de control. De los trasiegos de dinero de Millet mejor no hablar mucho, amenazó, porque entonces habrá que hablar también de otros trasiegos en otros partidos. O sea, l'empastifada, como le gustaba decir antaño al propio Pujol. Todos pringados.

Muñoz encarna un modelo de PSC, como Prenafeta y Alavedra son el pujolismo y Camps representa las prácticas del PP

Pero eso no es cierto. Le salieron al paso la joven portavoz de Iniciativa Verds y los líderes de Esquerra Republicana. Si Pujol sabe algo acerca de otros partidos susceptibles de merecer la misma consideración moral, política y, presuntamente, penal que el desvío de dinero del Palau de la Música a la fundación de Convergència Democràtica o al partido de Àngel Colom, que lo diga, que lo lleve al juzgado, le retaron. No lo hizo. Sin embargo, todavía no estaba del todo dilucidado este lance, esta apelación a la ley del silencio propia de las organizaciones mafiosas inusitadamente formulada nada menos que por un ex presidente de la Generalitat, cuando cae la bomba de Santa Coloma de Gramenet y el juez Garzón detiene en una razzia contra la corrupción urbanística nada menos que a Bartomeu Muñoz, un alcalde que forma parte del núcleo duro del PSC de José Montilla, a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos de los políticos de CiU que han tenido más poder en los gobiernos de Pujol.

Lo que entonces se plantea al PSC y CiU en Cataluña es algo muy parecido a lo que afecta al PP en Valencia, donde no hay juego de manos que impida a todo observador medianamente interesado darse cuenta de que el fenomenal lío alcanza de lleno al presidente Francisco Camps. Puede que los asuntos en sí tengan características muy distintas. Y es cierto que Prenafeta y Alavedra ya no están en la primera línea política. Pero ellos son una viva representación del pujolismo. Y Muñoz es una viva representación de este modelo de PSC sustentado sobre el poder municipal de unos cuantos alcaldes y dirigentes territoriales que han urdido una tupida red de complicidades sociales y políticas en la que, como ahora se ve, se cuelan también intereses económicos y clientelares.

La respuesta cínica, ya están todos, ya se sabe, así es la política, no vale. No debe valer. Así como los responsables penales de los delitos son quienes los cometen, la responsabilidad política en estos tres casos afecta de lleno al modus operandi de estos partidos y no otros. Muñoz encarna un modelo de PSC. Prenafeta y Alavedra son el pujolismo, el sector negocios del pujolismo; de la misma forma que el bigotes era el amiguito del alma de Camps. Los tribunales dirán lo que sea en la vertiente penal de estos casos, pero PP, CiU y PSC deben una explicación sobre el modelo político que ha permitido unos escándalos que no afectan a todos los partidos, sino a los suyos.