Un alto cargo de Pujol pagó 2,5 millones a Luigi tras un pelotazo

El PSC suspende de militancia a cuatro implicados en el 'caso Pretoria'

La maraña de sociedades que intervienen en la trama corrupta del caso Pretoria, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, empieza a esclarecerse. El director de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 y ex diputado de Convergència Democràtica (CDC), Lluís Renau, pagó 2,5 millones de euros a empresas del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, tras un pelotazo urbanístico en Badalona en el año 2003.

La adjudicación irregular de un solar de Badalona en primera línea de playa se saldó, según el auto del juez, con el reparto de tres comisiones. La sociedad Badalona Building Waterfront, que acabó en manos del presidente de Espais, Lluís Casamitjana, abonó 2,5 millones a Kundry Blau Inversions, cuyos administradores eran Renau y José Schroeder, que estaba en otras sociedades de la trama. Esta sociedad, a su vez, repartió esta cantidad a varias empresas a Luigi.

Alavedra usó una empresa presidida por Rafael Español para sus cobros
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La segunda comisión que se dio por esa operación, de 1,04 millones, la cobró Luigi, aunque del auto se desprende que Renau luego recibió 120.000 euros por sus gestiones. La tercera, de 1,46 millones, se la repartieron Luigi y los ex altos cargos convergentes y también imputados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Renau y Luigi ya habían sido socios en dos empresas entre 1996 y 1998.

El auto de Garzón, además, menciona otra sociedad del entorno de CDC. Según el juez, Alavedra movió 1,2 millones a través de Promogrup Deu, presidida por Rafael Español, ex presidente del grupo La Seda y muy cercano a Pujol. Alavedra fue consejero de esta empresa hasta el 30 de enero de 2009 y se quedó cerca de la mitad del dinero que captó a raíz de su presunta participación en la trama. En esta sociedad patrimonialista, además, participan los empresarios Albert Costafreda (Panrico), José Espona (Gallo) y el directivo del Espanyol José Suñer.

A medida que avanza la investigación se le complican las cosas al PSC. La dirección del partido suspendió ayer de militancia al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, quien, ayer, desde la cárcel, renunció al cargo de alcalde, al acta de edil, al puesto de vicepresidente de la Diputación y a los cagos en el PSC; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales Pascual Vela. Antoni Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), también fue suspendido de militancia "a petición propia" según el PCS.Fuentes de la dirección del partido aseguraron que Jiménez deja temporalmente el partido no por aparecer en el sumario de Garzón por su "estrecha relación" con Luis García, sino por su imputación en otro caso que lleva el juzgado de Mataró (Maresme). En su etapa como concejal, Jiménez habría favorecido una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que benefició a Proinosa, una de las empresas de los imputados por Garzón.

La ejecutiva del PSC que acordó las suspensiones de militancia se celebró ayer con un espeso silencio como protagonista. Hubo pocas intervenciones y todos los dirigentes dieron por buenos los argumentos del líder, José Montilla, quien defendió las drásticas medidas con el argumento de que la cirugía de guerra es el único remedio posible para salvaguardar la credibilidad del partido. Montilla también pidió tranquilidad y prudencia a los cargos municipales en un momento en que los nervios por la actuación judicial se han instalado en muchos ayuntamientos.

Una de las pocas intervenciones fue la del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Éste defendió al gerente del Incasòl, Emili Mas, del que Garzón asegura que participó con cuatro de los imputados en conversaciones centradas en la falsificación de facturas. Nadal dijo creer en la inocencia de Mas, aunque aseguró que el departamento revisará todas las actuaciones del Incasòl en Santa Coloma.

A los socialistas, sin embargo, se les presentó ayer un nuevo problema en este ayuntamiento. El director de Servicios Municipales, Pascual Vela, hasta ayer militante del PSC y en libertad bajo fianza desde el pasado viernes, se presentó ayer a su puesto de trabajo sin que nadie le impidiera ejercer sus funciones, informa Fermín Robles. Vela, imputado por delitos de fraude y encubrimiento, sigue, pues, en el ayuntamiento y con acceso a todo tipo de documentos mientras que el alcalde, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, están encarcelados, entre otros motivos, para evitar que destruyan pruebas.

Albert Gadea, jefe de alcaldía, justificó ayer la presencia de Vela en el ayuntamiento. Gadea señaló que Vela, quien gestiona los servicios municipales en Santa Coloma, es un funcionario con categoría de "alto directivo, no un cargo de confianza", y que las circunstancias actuales no implican su despido. "Está en libertad bajo fianza, no sólo tiene derecho a venir a trabajar, sino que tiene que venir". La dirección del PSC no concretó si ha dado algún tipo de orden a sus representantes locales en Santa Coloma para apartar a Vela.

Por otra parte, el comité ejecutivo de CDC acordó ayer suspender temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Artur Mas afirmó que la decisión fue unánime. "Ha sido una decisión dolorosa pero necesaria. Yo mismo tengo con ellos relación de afecto y amistad. Ni reniego ni me escondo", señaló.

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