Las defensas de los encarcelados recurren el auto de Garzón

Los abogados de los cinco encarcelados en la Operación Pretoria la noche del pasado día 30 están ultimando los recursos contra el auto del juez Baltasar Garzón para reclamar la libertad de sus clientes. El plazo para recurrir la prisión incondicional vence mañana, pero ayer todas las defensas tenían esbozados los argumentos que expondrán.

Juan Córdoba, abogado del ex consejero de la Generalitat Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, explica en su recurso que los hechos atribuidos a sus clientes no son delictivos. "La intermediación en la venta de unas fincas, que es lo que hicieron, no puede considerarse tráfico de influencias", explicó Córdoba a EL PAÍS.

Los abogados afirman que sus clientes no huirán si quedan libres

El abogado también considera, en contra del argumento esgrimido por Garzón en su auto, que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas si Alavedra y Prenafeta quedan en libertad. El juez de la Audiencia Nacional les atribuye también otro delito de blanqueo de capitales, pero la defensa considera: "el dinero no procede de la comisión de ningún delito, por lo que no puede hablarse de blanqueo".

Los recursos de los abogados pueden presentarse ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Garzón, o directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Córdoba ha optado por esta última vía, mientras que Fermín Morales, abogado del alcalde dimisionario de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, recurrirá ante el juzgado.

Morales coincide con Córdoba en que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de reiteración del delito si su cliente queda en libertad. En este sentido, el abogado recuerda que Muñoz tuvo una participación activa en los registros para facilitar la búsqueda de toda la información necesaria y que al renunciar a todos los cargos públicos se aleja del acceso a las dependencias. Morales, cuyo despacho lleva también la defensa de Manuel Dobarco -en prisión y que ha dimitido como teniente de alcalde de Urbanismo- también esgrime que sus clientes no manejan cuentas en el extranjero.

Por otra parte, los otros cuatro acusados que quedaron en libertad abonaron ayer las fianzas que les impuso Garzón y fijadas entre los 25.000 y los 500.000 euros.