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Camps equipara los embriones a los hijos en las ayudas a la vivienda

El Gobierno estudia recurrir una medida que plantea "dudas sobre su legalidad"

¿Pueden equipararse los derechos de un embrión, "desde el momento de la fecundación", con los de un ciudadano en la prestación de ayudas de carácter social? Ese es el desafío que plantea una medida del Gobierno valenciano que preside Francisco Camps, del PP. Una medida que va más allá de la protección a las mujeres embarazadas y se alinea con la oposición más dura a la nueva legislación sobre el aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sus efectos prácticos generan cierta estupefacción, pero las repercusiones de fondo pueden tener calado. El vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino, que elaboró la Ley de Protección de la Maternidad, ha firmado, desde su nueva Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la primera aplicación legal de esa norma. Se trata de una resolución que reconoce a los embriones (los óvulos fecundados) los mismos derechos que a los ya nacidos para la obtención de ayudas en los planes de vivienda estatal y autonómico.

Se computarán uno o más miembros "adicionales" desde la fecundación

"Cotino no parará hasta que convierta en ley el catecismo", dice el PSPV-PSOE

La resolución, que amplía los supuestos de los beneficiarios con protección preferente previstos en ambos planes de cara a las ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación de viviendas, establece que "se computará que la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación, dependiendo del número de hijos que espere".

Para justificar este extremo, deberá aportarse un certificado médico que acredite el embarazo. El departamento de Cotino no aclaró ayer las dudas sobre las consecuencias de que, eventualmente, el embarazo no llegue a su término, en un país en el que su interrupción está despenalizada y será legal en poco tiempo, o de que puedan contabilizarse los embriones implantados en un tratamiento de reproducción asistida. "Las condiciones se verifican en el momento de la solicitud. No pueden estar sujetas a una revisión permanente", explicó una portavoz del departamento, que justificó que la medida afecte también al Plan Estatal de Vivienda, y no sólo al autonómico, porque así está previsto. El propio Ministerio de la Vivienda reconoció que las comunidades autónomas tienen la capacidad de añadir nuevos colectivos entre los beneficiarios preferentes.

El Gobierno central, sin embargo, explicó que estudia la posibilidad de recurrir la resolución porque, al aludir a derechos adquiridos en el momento de la fecundación y equipararlos a los de ciudadanos, "plantea serias dudas de legalidad", señaló el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez. En la ley española, el nasciturus, es decir, el concebido no nacido, tiene una protección constitucional propia, distinta del ciudadano.

De hecho, el artículo en el que Cotino introduce la alusión a los "miembros adicionales" de la unidad familiar es bien explícito: "ciudadanos beneficiarios de las ayudas del plan". Los socialistas valencianos anunciaron que plantearán iniciativas parlamentarias ante una norma que consideran inaplicable. "Cotino no parará hasta que convierta en ley el catecismo", comentó un portavoz del PSPV-PSOE.

El acceso a las ayudas para la vivienda es el primer paso de una nutrida serie de medidas que tiene en cartera la Generalitat en las que los embriones computarán como nuevos miembros de la unidad familiar a la hora de acceder a prestaciones. No es casualidad que la primera esté relacionada con el acceso a la vivienda. Fue Juan Cotino, desde su anterior cargo como consejero de Bienestar Social, quien impulsó el denominado Plan Más Vida, toda una contraofensiva a la reforma de la ley del aborto. Y ha sido él, desde su nuevo cargo de consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Transporte, quien ha dictado la resolución.

Detrás vendrán otras parcelas en las que se priorizará la condición de gestante. Ya sea en las convocatorias de ayudas de servicios sociales, la consideración de los "hijos no nacidos" como un miembro más a los efectos de baremación (por ejemplo, de familia numerosa) en el acceso a la educación, o la concesión de ayudas a las embarazadas en riesgo de exclusión social.

La puesta en marcha estaba prevista para inicios de 2010, pero Cotino, que también ocupa el cargo de vicepresidente social de la Generalitat, ha decidido pisar el acelerador en medio de la parálisis del Gobierno valenciano, desbordado por el caso Gürtel.

La cruzada del vicepresidente

Juan Cotino (1950) es uno de los hombres fuertes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Miembro del Opus Dei y antiabortista militante -se puso al frente de la comitiva valenciana en la reciente manifestación convocada en Madrid-, ha ocupado puestos muy diversos en su extensa carrera política. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Valencia y director general de la Policía con el Gobierno de José María Aznar, y ha ocupado diferentes consejerías de la Generalitat Valenciana. Ahora compatibiliza su cargo como vicepresidente social con el de consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Transporte.

Si en su etapa como consejero de Bienestar Social se le echó en cara que la firma de residencias de la tercera edad participada por su familia era la principal beneficiaria de ayudas de su departamento, el estallido del caso de corrupción protagonizado por la trama Gürtel salpicó al grupo de las empresas familiares, Sedesa, que figura entre las sociedades que financiaron irregularmente al PP a través de Orange Market, según un informe policial.

Antes de dejar Bienestar Social, Cotino desarrolló todo lo que pudo la cruzada ideológica en la que ha convertido su proyecto "en defensa de la vida". En abril, publicó una orden para distribuir 100.000 euros entre entidades que tuvieran como fin primordial "garantizar y proteger el derecho a la vida en formación" y que defendieran "la creación de una cultura de la vida".

La elaboración de un censo, al margen del Registro Civil y sin efectos jurídicos, en el que los padres puedan inscribir a los niños que hayan nacido muertos o fallezcan en las primeras 24 horas de vida es otra iniciativa impulsada por Cotino.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de octubre de 2009

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