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La doctrina Uría se abre paso

Desde 1982, ningún diputado del PNV se ha visto obligado a votar en contra de su conciencia en asuntos como el aborto. Desde entonces, los nacionalistas vascos siempre han permitido a sus parlamentarios que votaran en conciencia y les ha dado libertad de voto.

La diferencia ahora es que el PNV ha decidido votar en bloque a favor de la tramitación del proyecto de ley del aborto, es decir, a favor de que se modifique la actual legislación. No habrá libertad de voto, ni voto en conciencia.

En la legislatura pasada, los diputados del PNV tuvieron libertad de voto sobre la ley de matrimonio homosexual. Votó a favor Margarita Uría y otros, como Emilio Olabarría y Pedro Azpiazu, no asistieron a la votación.

Uría, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha trabajado activamente para que el PNV modifique su posición sobre el aborto. En el Consejo, Uría elaboró un informe que, finalmente, no pudo ser aprobado en el Pleno, porque el presidente, Carlos Dívar, antepuso sus convicciones religiosas e impidió que saliera adelante.

El informe de Uría es el que ha servido de base para que la dirección del PNV fije ahora su posición ante el debate del aborto. La incorporación de los nacionalistas vascos a la mayoría favorable a la reforma de la ley supone quebrar el argumento del PP de que no hay consenso social y político, porque suma muchos más votos de los precisos como ley orgánica. Sólo el PP votará en bloque en contra.

El documento del PNV supone, además, un giro importante porque justifica la ley de plazos y defiende el aborto como un derecho, tal y como sostiene el proyecto de ley del Gobierno.

El grupo parlamentario del PNV presentará entre siete y diez enmiendas agrupadas en tres bloques. Uno para que se regule la objeción de conciencia con el objeto de que, tal y como sostienen también los grupos minoritarios de la izquierda, se garantice que es un derecho individual. Es decir, que todos los centros sanitarios atiendan a las mujeres, aunque su personal se haya acogido individualmente a la objeción de conciencia.

Otro bloque será para garantizar que no hay invasión de competencias autonómicas sobre sanidad. Y el último, en línea con el informe de Margarita Uría, se refiere a la capacidad de las mujeres de entre 16 y 18 años. El PNV rechaza que sea necesario el permiso de los padres y respecto a la información propondrá una solución intermedia, según la cual, el personal sanitario podrá mantener la confidencialidad cuando la mujer se niegue a informar a sus padres por antecedentes de malos tratos, violaciones o conflicto familiar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de octubre de 2009