Comienza la batalla para presidir la UE

La batalla por el nombramiento del presidente permanente de la Unión Europea se calienta. El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, desafió ayer la candidatura del ex primer ministro británico Tony Blair para presidir la Unión, y mostró su disposición para asumir el puesto. "Si se me hace una oferta, no tendría ninguna razón para rechazarla", manifestó en una entrevista al diario Le Monde. Los dirigentes europeos debatirán de manera informal o en reuniones bilaterales los nombres de los futuros máximos representantes de la UE en la cumbre que celebrarán en Bruselas mañana y pasado.

Los dirigentes europeos no podrán, sin embargo, adoptar ningún acuerdo porque el Tratado de Lisboa, que crea los puestos de presidente estable y alto representante con poderes reforzados, aún no habrá entrado en vigor. El Tribunal Constitucional checo volvió a aplazar ayer las deliberaciones, hasta el 3 de noviembre, sobre el recurso contra el nuevo tratado europeo presentado por 17 senadores checos, del partido del presidente de la república, Václav Klaus.

El pulso favorece a la irlandesa Mary Robinson o al holandés Balkenende

Juncker, líder del Partido Popular Social Cristiano de Luxemburgo, de 54 años, descalificó la candidatura de Blair no por su persona sino por el país que representaba. "No conozco", dijo, "ningún campo en que Reino Unido haya hecho prueba de una verdadera inspiración europea durante los últimos 10 años, a excepción de los avances en la defensa".

A principios de mes los tres países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) presentaron un manifiesto en el que rechazaban implícitamente la candidatura de Blair. El documento señala que el futuro presidente de la UE "debe ser alguien que ha demostrado su compromiso con el proyecto europeo y ha desarrollado una visión global de las políticas de la Unión".

Con independencia de sus posibilidades reales, la apuesta de Juncker puede leerse también en clave de venganza a las maniobras desplegadas por los británicos en 2004 contra el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt para ocupar la presidencia de la Comisión Europea. En aquella ocasión, Blair cerró el paso al político liberal belga, que contaba con el apoyo del canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, Jacques Chirac. La aparición de la candidatura del británico Chris Patten neutralizó la de Verhofstadt. Ambas se anularon mutuamente y permitieron a José Manuel Durão Barroso convertirse en el candidato de consenso.

El pulso entre Blair y Juncker favorece otras alternativas, como la de la ex presidenta irlandesa Mary Robinson o la del primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende.

Los socialistas han recordado estos días el acuerdo entre los grupos políticos europeos para que uno de los puestos sea para ellos. El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Luis Amado, manifestó ayer que su país "es partidario de que la figura del alto representante sea para la familia socialista". "Hay acuerdo", añadió, "en que el presidente del Consejo Europeo debe pertenecer al Partido Popular, por lo que la figura de Tony Blair está fuera de cuestión", concluyó Amado.

En esta tesitura, el ministro de Exteriores británico, el laborista David Miliband, está recibiendo muchos apoyos de entre las filas socialistas para ocupar el puesto de alto representante de la UE. Otros dirigentes socialistas que han aparecido como posibles candidatos son los ex ministros de Exteriores alemanes Frank-Walter Steinmeier y Joschka Fischer y el italiano Massimo D'Alema.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, manifestó que "por el momento", España no aspira a ninguno de los nuevos cargos que crea el Tratado de Lisboa.

La entrada en vigor del nuevo tratado sigue en manos de Praga. El presidente del Tribunal Constitucional checo, Pavel Rychestsky, amonestó a los senadores que habían presentado el recurso por "obstrucción", al conocer que ayer habían presentado nuevos documentos para su consideración. Con independencia de la decisión del Tribunal, Klaus ha exigido una declaración de los Veintisiete en la que se derogue la aplicación de la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para que su país pueda asegurarse de que los antiguos habitantes de la región checa de los Sudetes, que fueron expulsados tras la II Guerra Mundial, no podrán presentar reivindicaciones sobre sus propiedades.