Corrupción sin contrición

Hay un aspecto lateral del caso Gürtel más inquietante que los obscenos manejos de Correa, El Bigotes y los otros amiguitos del alma de la trama que tiene empantanado al PP. Y es la falta de reflexión por parte de los demás partidos y de la ciudadanía activa sobre las fallas del sistema que ha puesto de manifiesto este episodio de podredumbre, que mezcla el diseño con la cochambre. Las otras formaciones no concernidas prefieren asistir en primera fila, con regocijo mal contenido, al desfile de torpezas de Camps para vestir sus desnudeces y de Mariano Rajoy para tapar sus debilidades. Unos, los adversarios directos, desean que el desprestigio y la pérdida de energías que arrastra el caso termine de arruinar las expectativas populares de volver a La Moncloa a medio plazo. El PP, por su parte, únicamente parece confiar ya en capear el temporal soltando la menor cantidad de lastre posible y esperando que un cortocircuito judicial deje el sumario en vía muerta, como sucedió con el caso Naseiro. El resto sólo mira y, si acaso, cruza los dedos al repasar los posibles correas y costas que se mueven en los aledaños de la sede del partido.

El 'caso Gürtel' es un problema del PP intransferible, pero nos afecta a todos

Sin embargo, más de ocho meses de caso Gürtel son suficientes para empezar a volver a analizar si son efectivas las barreras dispuestas en las administraciones públicas y en la normativa sobre financiación de los partidos para prevenir y corregir lo que aquél va revelando. Porque, en paralelo a esta auténtica sinfonía de la corrupción, siguen sucediéndose las actuaciones judiciales contra corporaciones podridas en distintos puntos de España, y afloran piezas no menos inquietantes, como el caso Palau de la Mùsica, el asunto de los informes basura de la Generalitat de Cataluña, o el caso Matas en Mallorca.

Como en asuntos de esta naturaleza nadie está libre de pecado -pasado, presente o futuro-, a menos que no se haya acercado a los aledaños del poder, pocos han sido los que han hecho pública ostentación de virtud. Pero lo que llama la atención es que ni siquiera se haya intentado un diagnóstico de la enfermedad, condición previa para tratarla. Seguramente, porque se prefiere mantener la ficción de que no se está infectado en tanto que los síntomas no se manifiesten. "En todas las organizaciones hay manzanas podridas", ha sido el más elevado análisis que se ha hecho de lo sucedido y que incide en una especie de determinismo de la corrupción, según el cual unos países serían más propensos que otros a enfermar de ella.

Se ha hablado y escrito, sí, de las amistades peligrosas, de las relaciones de interés entre la política y las empresas que trabajan con las administraciones, de las necesidades financieras insaciables de los partidos, que debilitan pudores y voluntades, de cómo la discrecionalidad y el amiguismo pueden burlar los controles administrativos sin que salten las alarmas. Sin embargo, nadie se ha puesto a la tarea de trazar las líneas que unen cada uno de estos factores para elaborar la topografía de la corrupción y tratar de ponerle remedio.

Después de los escándalos de los ochenta y noventa -los casos Filesa, Juan Guerra, el citado Naseiro, más los Roldán, Rubio, etcétera- se adoptaron algunas medidas referidas a la financiación de los partidos, la contratación pública o las incompatibilidades de los altos cargos durante y después de su ejercicio. Su eficacia, a la vista de lo sucedido, no ha sido mucha. O no suficiente para neutralizar la elevada politización de las administraciones públicas, que favorece las conexiones no santas entre los despachos oficiales y las sedes de los partidos, desapodera a los funcionarios y propicia la creación de redes clientelares como las afloradas en el caso Gürtel.

Ahora, sin embargo, en una sociedad tan dada a legislar en caliente en otros supuestos, llama la atención la falta de propuestas para atajar las prácticas que la trama de Correa ha elevado a la condición de delictivas, pero de las que tribunales de cuentas y servidores públicos honestos vienen advirtiendo año tras año sin que se les haga maldito caso. Por ejemplo, de la extendida costumbre en casi todas las administraciones de trocear las adjudicaciones de obras y servicios para sortear las normas de contratación. O del abuso del concurso restringido y la adjudicación directa sin una clara justificación. Y esto acompañado de un consciente debilitamiento de la autoridad de quienes, interna y externamente, deben velar en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos y sociedades públicas por el control de la legalidad y sujeción a los procedimientos administrativos.

Gran parte de la responsabilidad del desastre financiero estadounidense que ha acabado en crisis general se ha achacado a la ineficacia de los órganos de supervisión. Habría que ver también qué parte de la corrupción que nos invade debe endosarse a la temeraria desactivación en nuestras administraciones de requisitos como el informe previo de legalidad o de los mecanismos de supervisión y auditoría del gasto. Un proceso que va acompañado de la relegación del funcionario de carrera por el personal de confianza (del gobernante, se entiende).

El caso Gürtel es un problema intransferible del PP, pero las circunstancias que permitieron a la trama campar a sus anchas son un problema de todos. Constituyen el caldo de cultivo de la corrupción. El humus donde crecen los correas y otros mangantes de su condición.