Las diputaciones han recuperado 290 millones de los incentivos ilegales

Las diputaciones han aclarado por fin parte del misterio de las llamadas vacaciones fiscales. La cuantía de los incentivos que la UE declaró ilegales no ascendía a 1.600 millones de euros, como se había calculado hasta ahora ante la opacidad de las instituciones forales. En realidad, las ayudas sumaron 290,5 millones, según los datos aportados por éstas, una cifra notablemente inferior a la que siempre se había manejado. Las haciendas aseguran haber recuperado ya la totalidad de estos beneficios fiscales que concedieron en los años 90. Y las empresas bonificadas tampoco fueron unas 300, como se barajó, sino 127.

Las instituciones forales han aguardado hasta conocer el fallo adverso del Tribunal Europeo para hacer públicas tanto la cifra de empresas que obtuvieron las polémicas ayudas fiscales como su importe. Según los datos aportados ahora, 21 empresas vizcaínas han reintegrado las cantidades disfrutadas. Serían 96,3 millones correspondientes a las bonificaciones anuladas y otros 38,5 millones por los intereses de demora, que fueron devueltos en el ejercicio 2007.

Las haciendas aseguran que 127 empresas han devuelto las ayudas

Mantienen en secreto el gasto en abogados durante el proceso judicial

En Álava se han recuperado 86,7 millones por parte las 61 compañías beneficiarias. Y en Guipúzcoa, 45 empresas han reembolsado 69 millones (incluyendo intereses). Las cantidades corresponden a las llamadas vacaciones fiscales de 1993, las minivacaciones de 1996 y el crédito fiscal del 45% de las inversiones empresariales, que la Comisión Europea anuló en 2001. Las diputaciones advierten de que parte de los incentivos recibidos por algunas empresas no han tenido que devolverse, al entrar dentro del tope de ayuda regional que autoriza Bruselas.

La resistencia a dar cuenta de las compañías bonificadas y la cuantía de las cargas tributarias liberadas viene de lejos. Las diputaciones hicieron caso omiso en retiradas ocasiones a los requerimientos que llegaban de la Comisión para conocer el listado de compañías y las ayudas concedidas. Bruselas tuvo que dar instrucciones concretas para obtener esta información e instó en varias ocasiones al Reino de España a iniciar los trámites para recuperar las cantidades, so pena de multas muy elevadas por cada día de demora.

El Ejecutivo comunitario no se ha pronunciado todavía sobre la forma en que las diputaciones han gestionado este asunto. Tras el pronunciamiento del Tribunal de la UE, Bruselas debe valorar ahora si se da por satisfecha con los datos sobre la devolución de las ayudas o reclama más información.

Con el ingreso de los 290,5 millones en las arcas públicas, las instituciones forales dan por cerrado el capítulo de la devolución de los incentivos, pero no así la batalla jurídica que mantienen desde hace una década en las instancias comunitarias. "Si hubiera que volver a hacerlo, lo haría", fue la tajante afirmación del diputado general de Álava, el peneuvista Xabier Agirre, justificando las polémicas ayudas tras conocerse el veredicto del Tribunal de Luxemburgo.

En esta línea, las diputaciones han anunciado ya que presentarán sendos recursos de casación contra las tres sentencias. La última en confirmarlo ha sido la guipuzcoana este pasado miércoles. Lo hará sin demasiada convicción, para no descolgarse de Vizcaya y Álava. Por su parte, la patronal vasca, Confebask, que ha estado personada en esta causa, no ha decidido aún si se sumará al recurso.

La prolongación del litigio supondrá aumentar los gastos en que han incurrido hasta la fecha las diputaciones para pagar los honorarios de los despachos de abogados y los procuradores internacionales que han llevado este procedimiento judicial, unas cantidades que los responsables forales nunca han querido facilitar. A esta suma hay que añadir las costas judiciales que el tribunal impuso a las diputaciones, que podrían superar los cinco millones de euros. En el caso de que la próxima sentencia también sea adversa, como se espera, las costas procesales ascenderían a unos tres millones de euros.