El fiscal acusa al juez Ferrín Calamita de prevaricación

Tanto el fiscal como el abogado de las afectadas por la actuación del juez Fernando Ferrín Calamita en un expediente de adopción abierto por un matrimonio de lesbianas creen que el magistrado no sólo "retrasó maliciosamente" la adopción, hecho por el que fue condenado hace 10 meses, sino que prevaricó en varias ocasiones; esto es, dictó resoluciones injustas a sabiendas. Lo peor que puede hacer un juez en el ejercicio de sus funciones. Ambos han pedido, en la vista celebrada hoy en el Tribunal Supremo, que se le castigue como tal. El abogado de Ferrín ha pedido su absolución alegando que el juez, ante una situación "completamente nueva", aplicó nuevos criterios.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Ferrín Calamita en diciembre de 2008 a dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo y cargo público, así como a pagar 6.000 euros de indemnización a la pareja denunciante. El fiscal y el abogado de las dos mujeres recurrieron en casación. Ferrín también lo hizo, para sostener que no cometió delito alguno.

"Voluntad inequívoca"

El fiscal, Antonio Barranco, afirma que algunas resoluciones dictadas por Ferrín son "inequívocamente prevaricadoras" y revelan que el magistrado no solo quería retrasar una adopción que cumplía todos "los requisitos legalmente exigidos", sino que tenía la "voluntad inequívoca" de dificultarla e impedirla "por medios espurios". Hubo una "clara intención homófoba" y "voluntad de contrariar de manera grosera la ley", según el ministerio público, que pide una inhabilitación de 18 años para el juez.

El abogado del magistrado Ferrín Calamita, Javier María Pérez-Roldán, siguió una línea de defensa clara: la situación era "completamente novedosa", había "menores en juego", y por lo tanto el juez debía adoptar medidas de excepción.

Sin embargo, la homosexualidad era, de hecho, la única situación "novedosa": la niña iba a crecer con dos madres en lugar de con un padre y una madre. Pero ésta era una posibilidad que el legislador había incluido ya en el ordenamiento jurídico. "Al juez no le gusta lo que dicen y quiere que digan lo que quiere oír: que el matrimonio homosexual es dañino para la niña porque así lo ha decidido él, diga lo que diga la ley", señaló el Tribunal Superior de Murcia en la sentencia de condena.