Ruido para atenuar el eco de Gürtel

Javier Arenas dio la orden hace semanas de despejar las crecientes malevolencias de los socialistas sobre el caso Gürtel a golpe de querella. Diversos dirigentes de su organigrama han ido anunciado denuncias en los tribunales contra quienes han pedido explicaciones al líder andaluz de las dos cartas entre los muñidores del caso que le mencionan. Pero, lejos de atajarse, la letanía de insinuaciones y pildorazos se ha multiplicado, aún más después de conocerse la encuesta de Metroscopia para el EL PAÍS que dice que hay un 70% de votantes del PP que cree que este escándalo aleja a Mariano Rajoy de La Moncloa.

En consecuencia, la estrategia ha cambiado. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se llevó ayer a los presidentes provinciales de su partido en Granada y Málaga a la sede regional (Sevilla) para refrescar la memoria de los periodistas respecto a otros asuntos de corrupción que afectan a los socialistas en sus territorios. A a ver si así se les quita las ganas de sacar a relucir a todas horas la red Gürtel, o si estos casos recobran protagonismo y relegan la trama de Francisco Correa a un segundo plano.

"Venimos viendo", explicó Sanz sin dar ningún rodeo ni esconder su intención, "que el PSOE plantea dudas y sospechas con un caso [no llegó a pronunciar su nombre] sin datos y argumentos, por eso el PP pone sobre la mesa denuncias concretas". Y a continuación él mismo se encargó de recordar cómo está la investigación del caso Mercasevilla, sobre irregularidades en la venta de terrenos y el supuesto cobro de comisiones de dos directivos. Luego dio paso al presidente de Granada, Sebastián Pérez, quien hizo un informe de los pormenores de las denuncias de la fiscalía al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, en el área metropolitana de esta ciudad, por no respetar las normas urbanísticas. Por último, Elías Bendodo, líder del PP en Málaga, dio cuenta de la evolución del caso Astapa, ligado al Ayuntamiento de Estepona. Bendodo fue el más directo y afirmó que este entramado es un claro ejemplo de la financiación ilegal de los socialistas y proclamó: "El PSOE es la marca registrada de corrupción de la provincia de Málaga".

Para dar brío a estos casos y que adquieran una lectura política autonómica (no únicamente provincial), el PP va a pedir la creación de tres comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, si bien Antonio Sanz ya dejó dicho que la Cámara es un "búnker" en el que se protege el PSOE de la corrupción que le afecta y no es ni remotamente probable que salga adelante. Por eso, la solicitud de las comisiones va pareja a otra de reforma del reglamento del Parlamento, de modo que baste con la petición de dos grupos políticos para que se abra de ofició una investigación política.

Los populares exigen a sus adversarios que expulsen y aparten de sus puestos a quienes estén relacionados con algún escándalo, haya o no fallo judicial.

A la pregunta de cuál es la diferencia entre los cargos imputados del PSOE y los del PP, y por qué los socialistas deben destituirlos y ellos no, la respuesta de Sanz fue de una sinceridad apabullante: el único que tiene un código ético que habla de esta medida es el PSOE. Y hay que ser coherentes.