El Pacto de Infraestructuras asegura 100.000 millones de inversión
El acuerdo prevé la construcción de 600 kilómetros de autopistas hasta 2020
La Barcelona de 2020 tendrá no menos de 7,5 millones de habitantes, que pueden llegar a ser ocho millones. Es la hipótesis de partida para el conjunto de actuaciones que incluye el Pacto Nacional de Infraestructuras. Lo firmaron ayer en Barcelona el Ejecutivo, sindicatos, patronales e instituciones locales, con la excepción de CiU, PP y la patronal Fomento, al considerar el documento ambiguo e insuficiente.
El pacto compromete una inversión de 100.000 millones de euros hasta el año 2020. Unos 35.000 millones proceden de las partidas previstas por la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña (el equivalente a la participación de Cataluña en el PIB español entre los años 2008 y 2013). El resto lo aportará el Gobierno central. El documento enumera las infraestructuras que construir o mejorar en transporte (carretera y ferrocarril), agua, residuos, energía, telecomunicaciones y regadíos.
Círculo de Economía, Fomento y la cámara piden un cambio en la política del agua
En materia de transporte, una de las características del plan es la preeminencia del ferrocarril frente a la carretera, tanto en lo que se refiere a pasajeros como a de mercancías. En este apartado, el objetivo es lograr que al menos el 10% del transporte de productos se haga por tren. En estos momentos, el ferrocarril representa menos del 8%, mientras que el camión no sólo domina, sino que sigue creciendo. En lo referente a pasajeros, el plan dibuja un incremento de las líneas de alta velocidad, hasta conectar las capitales catalanas, más una potenciación del transporte de Cercanías, que se extienden a las cuatro capitales catalanas, y la implantación de una red de tranvías. La gestión de Cercanías y regionales corresponde a la Generalitat. La previsión es que el traspaso de Cercanías se efectúe el año que viene y el de los regionales en 2012.
Las carreteras han sido uno de los principales puntos de fricción. El pacto sostiene la necesidad de construir hasta 600 kilómetros de vías rápidas (autovías y autopistas), pero no acaba de definir la ubicación y el tratamiento del cuarto cinturón, pese a que la redacción del texto permite entender (así lo expresaron ayer las patronales firmantes) que será una autovía integrada en el corredor viario que debe unir Algeciras con la frontera francesa (un corredor que ha de incluir vías de ancho europeo para pasaje y mercancías, conectando los puertos de Barcelona y Tarragona). En la misma línea, se propone redefinir los peajes para que dejen de ser un método de financiación de autopistas y se conviertan en instrumento regulador del tráfico. Los aeropuertos se configuran en una red catalana, tras el traspaso de los de Reus, Girona y Sabadell, y la entrada de la Generalitat en la gestión de El Prat.
Las infraestructuras del agua son otro punto de fricción. El documento firmado ayer defiende que la garantía de abastecimiento a la población se basará en tres grandes desalinizadoras (Tordera, Llobregat y Cunit). Casi a la misma hora en que se firmaba el pacto, algunos de los firmantes, como la Cámara de Comercio, participaban en un acto que concluyó con la reclamación de un cambio radical en la política del agua: frente a la desalinización, interconexión de cuencas y trasvase del Ródano. Tras la petición están también el Círculo de Economía y la patronal Fomento.
No sólo deben mejorar las redes viarias, también las energéticas: eléctricas (el pacto incluye la conexión con Francia con la línea de muy alta tensión) y las de gas, con el compromiso de abastecer de él a todas las poblaciones catalanas de más de 2.000 habitantes.
La banda ancha, la televisión digital terrestre y la telefonía móvil deben alcanzar a todos los núcleos con más de 50 habitantes. Al hablar del tratamiento de residuos, el plan evita citar las incineradoras, pero no las excluye, mientras que para los regadíos se propone la modernización (lo que comporta métodos de ahorro) y la conversión al riego de 125.000 nuevas hectáreas, procurando que se destine, sobre todo, a la producción de alimentos.
