Buenos Aires, la ciudad protesta

El 30 de diciembre de 2004 un incendio arrasó la discoteca Crogmanon, en la calle Mitre número 3060, de Buenos Aires. Murieron 193 personas y mil resultaron heridas. Pocos días después, los familiares de las víctimas cortaron el tráfico en la manzana y colocaron cables donde anudaron decenas de zapatillas deportivas de los jóvenes muertos. Varias líneas de autobuses se vieron obligadas a dar un rodeo de varias manzanas. Han pasado casi cinco años y ha habido tiempo incluso para celebrar el juicio, que terminó con la condena a 20 años del dueño del local. Pero la calle sigue cortada, los autobuses siguen desviados, y los comercios y el pequeño hotel que se vieron afectados por el corte de tráfico. En el barrio, Once, popular y bullanguero, siguen sin creérselo. Nadie envía un grupo de policías que levanten el cerco.

La presidenta Cristina Fernández se niega a autorizar la represión policial

El caso de Cromagnon es extremo, porque traduce el dolor por una tragedia que no debió suceder. Pero en Buenos Aires no hace falta nada tan dramático para que se corte el tráfico.

De hecho, lo hacen todo tipo de agrupaciones, trabajadores y piquetes, por los más diversos motivos y sin que la policía haga prácticamente algo para evitarlo. El último recuento del diario La Nación es abrumador: 440 cortes de tránsito en nueve meses. Ocho cortes en la ruta Panamericana (gran vía de acceso a la ciudad) en menos de 30 días. En la última semana, el caos se ha visto incrementado por un conflicto en la empresa estadounidense Kraft. Los sindicatos anuncian nuevos cortes en las vías de acceso a la capital y agrupaciones como Barrios en Pie, movilizaciones en las principales calles.

Los ciudadanos contemplan impotentes la situación y nadie da explicaciones de por qué no interviene la policía para canalizar las protestas por lugares donde causen un trastorno menor. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que siempre se ha negado a autorizar la represión de actos callejeros, hizo un débil llamamiento a que se abandonen "métodos de protesta que impiden el ejercicio de los derechos de otros", pero agrupaciones empresariales y cívicas reclamaron otras medidas y expresaron su temor a que la oleada de cortes de los grupos piqueteros del cinturón se extienda como en viejas épocas, algo que provoca todavía pesadillas en los porteños.

Las explicaciones de por qué la policía no interviene son diversas. Algunos recuerdan que los cortes de tráfico se convirtieron en un método popular de protesta en 2001, cuando los enfurecidos ciudadanos no encontraban otra manera de expresar su angustia por el famoso corralito. Nadie parece atreverse ahora a adoptar actitudes represivas que puedan enfurecer a los gremialistas que controlan el movimiento piquetero. La policía no intervino siquiera durante el llamado conflicto del campo, cuando empresarios agrícolas y líderes campesinos cortaron las carreteras y provocaron el desabastecimiento de las ciudades. O cuando ecologistas de Gualeguaychú cortaron, hace dos años y medio, un puente en la frontera con Uruguay.

En el caso de Buenos Aires, parece que existe, además, un conflicto de competencias entre la alcaldía y la policía federal, que debe garantizar los derechos ciudadanos. El alcalde de la capital, Mauricio Macri (peronista opositor a los Kirchner), se queja de la inoperancia de la policía estatal y prepara la puesta en marcha de una municipal, que entrará en funcionamiento a fines de año. Según el ministro de Interior de la ciudad, Guillermo Montenegro, de los 850 primeros efectivos, cerca de 350 integrarán una unidad "preparada para restablecer el orden", una especie de policía antipiquete con el equipo apropiado.

"La realidad hoy día es que 30 personas le pueden joder la vida a la gente con cortes de tráfico sin que los 12.000 agentes de la policía federal de la ciudad hagan nada", protestó Montenegro. No parece que 350 policías antidisturbios, en una ciudad con tres millones de habitantes (12 si se tiene en cuenta el cinturón que la rodea), puedan ser capaces de controlar la gran oleada de protestas que se anuncian en primavera.