La sospecha de sobornos enturbia el debate de la ley de prensa argentina en el Senado

El uso de sobornos para cambiar el sentido del voto de un congresista o senador no es nuevo en la reciente historia política de Argentina, recorrida por una profunda trama de corrupción. El voto se puede cambiar por favores personales, pero también por favores para la provincia de la que procede el parlamentario. Eso es lo que la oposición denuncia que acaba de ocurrir en el trámite de la polémica Ley de Medios Audiovisuales, impulsada por la presidenta Cristina Fernández, y a punto de ser aprobada en el Senado.

Pocos días antes del decisivo pleno de la Cámara alta, una senadora opositora anunció su voto favorable a la ley, presuntamente a cambio de que el Gobierno federal libere fondos que permitan al gobernador de su provincia, a punto de abandonar el cargo, pagar los sueldos de los funcionarios. El escándalo que rodea la tramitación de la Ley de Medios no impedirá, probablemente, que se apruebe en la sesión que se inició ayer.

La ley ya superó su paso por el Congreso sin que se modificaran ninguno de los artículos más polémicos. La oposición quiere que el Senado pare, entre otros, el artículo 161 que obliga a las empresas audiovisuales a desprenderse en el plazo aproximado de un año de los medios que excedan el número de licencias permitidas en la nueva legislación, lo que, según las empresas afectadas, les obligará a vender sus activos a precios no competitivos.

La ley no permite invocar los "derechos adquiridos" en las licencias y contratos actuales, lo que plantea dudas jurídicas y presagia una dura batalla en los tribunales. El senador y posible candidato presidencial en 2011 Carlos Reutemann aseguró que el proyecto de ley viola la Constitución.

El grupo más afectado será Clarín, el principal multimedia del país, al que Néstor Kirchner renovó en 2007 todas sus licencias por otros 10 años, y que ahora se verá obligado a desarmar su estructura empresarial. Muchas otras empresas periodísticas han declarado también su preocupación, inquietas por la excesiva atomización del sector, el hecho de que el Ejecutivo se reserve el control de las licencias de radio y televisión en ciudades de más de 500.000 habitantes -por más que la ley hable de unos imprecisos "concursos" previos- y la obligación de comunicar los contenidos de programación al órgano de control de aplicación de la nueva normativa.

En su defensa del texto legislativo, el portavoz oficialista en el Senado, Nicolás Fernández, mantuvo que la ley garantizará una mayor pluralidad de voces, fomentará la información regional y local y garantizará la libertad de expresión. "La realidad es que el 80% de los contenidos actuales están en manos de cuatro empresas", criticó.

La batalla con los principales medios del país subió un nuevo escalón esta semana con el anuncio de que el Gobierno se plantea controlar la empresa Papel Prensa, en la que el Estado ya posee un 27,5%, pero que es propiedad del grupo Clarín (49%) y el diario La Nación (22,5%). En una reunión celebrada esta semana con los representantes del Estado en la empresa, el secretario de Estado de Comercio, Guillermo Moreno, habló de estos planes y "animó" a los presentes a guardar silencio: "Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable". Uno de los asistentes acudió a un notario para dejar constancia de las amenazas.