Dos años para el ex edil balear del PP por malversación

El jurado popular del juicio a Javier Rodrigo de Santos López, de 43 años, ex número dos del PP en el Ayuntamiento de Palma, dio un veredicto de culpable por malversación de caudales públicos, y el magistrado que redactó la sentencia le condenó ayer a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación. El fiscal solicitó tres años y medio de cárcel tras haber reclamado inicialmente una pena de seis años. De Santos no entrará en prisión, pero tiene otra causa por abusos sexuales.

Los miembros del jurado consideraron que se le debían aplicar los atenuantes de la reparación del daño y de la drogadicción -y así lo hace parcialmente el juez-, aunque reclamaron el cumplimiento íntegro de la pena de cárcel.

Tras destapar la fiscalía el caso en marzo de 2008 -al tiempo que el PP perdía el poder en Palma- , Rodrigo de Santos devolvió 50.804 euros de fondos públicos que había gastado en 2006 y 2007 en más de cien servicios privados en clubes gay. Para ello, De Santos utilizó tarjeta bancaria municipal y pasó las notas a las arcas públicas.

El juez Carlos Izquierdo habla de "defraudación de la confianza en el sistema", resalta que se "exige una intensidad en la condena que refleje el grado de reproche por ataque injusto al bien jurídico" pero rechaza dictar "un pronunciamiento ejemplar".

"Gastos en juergas"

"Un personaje público no tiene perdón por haber robado", afirmó De Santos en el juicio, en el que pidió perdón y atribuyó todos sus males y su conducta a su adicción grave a la droga: "He vivido engañado", señaló. El fiscal, mientras, circunscribe exclusivamente su malversación a meros "gastos en juergas y fiestas". La acusación pública reprochó al condenado que nunca tuviera intención de restituir "el dinero de todos" y que sólo lo hizo al ser "pillado".

De Santos, activista ultracatólico y padre de cinco hijos, pasó nueve meses en prisión preventiva hasta marzo de 2009 por su imputación en un escándalo de supuestos abusos sexuales a menores, una causa penal por la que afronta una petición fiscal de 24 años de cárcel por cuatro presuntos delitos de abuso sexual, contra la salud pública y uno corrupción de menores. El caso fue denunciado por los padres de cinco jóvenes que estuvieron relacionados con ex el político del PP, en el entorno de la parroquia de Palma en la era catequista y en su domicilio al que las supuestas víctimas acudían por amistad con alguno de sus cinco hijos.