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El fiscal pide 12 años para dos menores por un atraco con un muerto

Los jóvenes se hallaban fugados de centros tutelados por la Generalitat

Los dos menores acusados de participar en un atraco que acabó con la muerte de un empleado en Vila-seca (Tarragonès) se enfrentan a 12 años de internamiento, según la petición de la Fiscalía de Menores en el juicio que empezó ayer en Tarragona. Los jóvenes están acusados de participar en un robo que se cerró con un botín de 6.200 euros y un disparo de escopeta en la cara a un trabajador, que falleció al instante.

Supuestamente, cuando se produjo el atraco, los dos menores se hallaban fugados de sendos centros tutelados de la Generalitat. La Administración podría terminar asumiendo la sanción económica que fije el juez, dado que consta como responsable civil solidaria.

R. B. y J. P. G. M, que en el arranque del juicio negaron los hechos, participaron en el asalto a la empresa Camy-Nestlé en septiembre de 2008. Junto a ellos intervinieron otros dos hombres, mayores de edad, que están en prisión preventiva a la espera de juicio. Todos actuaron a plena luz del día, con guantes y el rostro cubierto. El atraco se complicó cuando un empleado hizo ademán de huir, según el relato del fiscal. El asaltante que portaba el fusil le golpeó en la espalda con el arma. La policía sostiene que la escopeta se cayó al suelo y se disparó de forma accidental, alcanzando la cara de la víctima, Javier López, de 37 años y casado.

Los hechos tuvieron lugar hace un año en una empresa de helados de Vila-seca

El caso se complicó tras saberse que los menores debían estar internados en centros de la Generalitat cuando se produjo el asalto. Por ello, el Departamento de Justicia anunció que pedirá ante el juez que cuando los acusados cumplan la mayoría de edad finalicen la condena en un centro penitenciario de adultos, siempre que se les atribuyan penas de cárcel. "Realizaremos esta solicitud dada la gravedad de los hechos", señaló un portavoz.

El 30 de julio de 2008, J. P. G. M. había escapado del centro educativo de justicia juvenil l'Alzina, situado en Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), junto a otros dos menores. Los adolescentes bajaron por una ventana gracias a una cuerda que les facilitó una educadora, posteriormente destituida.

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La libertad de la que gozaba el otro menor también resulta atribuible a errores de la Administración. R. B., que residía en régimen semiabierto en el centro educativo El Segre (Lleida), se fue de permiso de fin de semana y nunca regresó. Su huida se produjo tres días antes del asalto a la empresa de Vila-seca.

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