Garzón, en el punto de mira

Van a por el superjuez y además quieren que se note. La Sala Penal del Tribunal Supremo ya ha pronunciado su delenda est Garzón. La reapertura de la investigación sobre las remuneraciones del juez en Nueva York, archivada tres veces, una por la propia Sala Penal, no deja lugar a dudas. Ya no se trata de un par de avisos. Nunca antes la Sala de lo Penal había machacado así a un juez, tramitando contra él querellas en cadena. Baltasar Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional que ha enviado a prisión a más de un millar de etarras, que retiró de la circulación a los GAL y ordenó la prisión de Pinochet, puede acabar los próximos días en el banquillo por querer investigar el franquismo.

Luciano Varela tiene en sus manos llevar a juicio al magistrado

Si finalmente es encausado, el Poder Judicial le suspenderá

Varela investigó las remuneraciones de Garzón en Nueva York y no vio delito

El proceso al franquismo le restó apoyos del Gobierno y la Judicatura

El magistrado instructor del Supremo, Luciano Varela, es quien tiene en sus manos el futuro de Garzón. Cuando era juez de instrucción de Pontevedra en 1985, Varela condenó a un funcionario que consideraba que el derecho de huelga era "contrario a los Principios Fundamentales del Movimiento". De ahí a convertirse en el posible aliado del franquismo residual para sentar en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de Franco median 25 años de magistrado, una trayectoria de radicalismo izquierdista y un ego tan desmedido como el de su famoso imputado, el juez Baltasar Garzón.

Fundador y líder de primera hora de Jueces para la Democracia (JpD), Luciano Varela fue pronto conocido entre sus compañeros como O guerrilleiro, por la radicalidad de sus posiciones. Eran los años ochenta y en los congresos de JpD, Varela acusaba al entonces Gobierno de Felipe González (PSOE) de "no defender los principios y garantías constitucionales", o tildaba al Consejo del Poder Judicial de ser proclive a "desencadenar los mecanismos disciplinarios". En alguno de sus informes se pasó tanto de rosca que ni siquiera los sometieron a votación.

Pese a su crítica a los "mecanismos disciplinarios", salió bastante bien librado en las ocasiones en que pasó por el Poder Judicial. Por ejemplo, en 1990, cuando fue denunciado por el fiscal de Galicia por menospreciar a los fiscales en sus sentencias. Varela les criticaba por su "falta de seriedad de la acusación", les reprochaba "serias faltas de calidad jurídica" o les atribuía "una sorprendente inercia burocrática". El Poder Judicial apenas le dio un ligero tirón de orejas por "criticar gratuitamente" la actuación de los fiscales. Tampoco es que los fiscales tengan mejor opinión de él: "Es muy dictadorcito", aseguran los del Supremo.

Que se sepa, Luciano Varela y Baltasar Garzón sólo han tenido un punto de contacto en toda su carrera. En 1989, un recluso de la prisión de Pontevedra, Ricardo Portabales, denunció que su cabeza tenía precio. Sus revelaciones sobre el narcotráfico al juez Luciano Varela habían trascendido a la opinión pública. Portabales fue trasladado a la Audiencia Nacional, donde Garzón constató su credibilidad, le dio el estatus de arrepentido, y preparó el más célebre operativo antidroga practicado nunca en España: la Operación Nécora. A partir de entonces, los integrantes del clan de los Charlines, y capos como Oubiña o Sito Miñanco cobraron dimensión nacional e hicieron correr ríos de tinta. Garzón se colgó todas las medallas y reforzó su dimensión estelar como superjuez, no sólo antiterrorista, sino también como azote del narcotráfico.

Ninguna de las fuentes consultadas, sin embargo, sitúan en este episodio la inquina de Varela por el juez al que ahora puede sentar en el banquillo. Garzón y sus métodos expeditivos nunca han gozado de simpatía en un amplio sector de la judicatura progresista. Pero, bien porque Garzón andaba entonces en operaciones anti-GAL, bien por la dificultad de criticar abiertamente sus operaciones antidroga o contra ETA, el malestar se iba aposentando o expresándose sólo a través de difusas críticas a los jueces estrella.

Amigo de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, Varela intentó en varias ocasiones acceder al Supremo, pero debido al veto de vocales afines al PP, no lo consiguió hasta enero de 2007. En la carrera está considerado como un hombre de la vicepresidenta.

Y es por ahí por donde todas las fuentes consultadas sitúan el origen de la operación contra Garzón. No es que el Gobierno en pleno esté contra el magistrado, pero un influyente sector del mismo, que cuenta con antenas en el Poder Judicial y en el Supremo, fue el que urdió la operación para impedir su acceso a la presidencia de la Audiencia Nacional, en la que Varela fue decisivo.

Siempre en el ojo del huracán, el superjuez no tuvo problemas mientras fue evidente que levantaba el pie durante el proceso de negociación con ETA. Pero rotas las negociaciones, exasperó al Supremo al adelantarse con la suspensión de actividades de ANV. Y el que se considera su definitivo error fue la apertura del proceso al franquismo, que al poner en evidencia las carencias de la Ley de Memoria Histórica, le restó muchos apoyos en el Ejecutivo y en la Judicatura, le enfrentó a la Fiscalía y le puso enfrente a toda la derecha española. La instrucción del caso Gürtel alimentó la presión con las sañudas quejas del PP contra Garzón por investigar la trama corrupta en la que aparecieron implicados altos cargos del partido.

En junio de 2008, Varela fue designado ponente de una querella montada a partir de un libro de investigación que atribuía a Garzón haber cobrado 1,7 millones de dólares por sus actividades docentes en Nueva York, como contraprestación por el archivo de una querella contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín. La querella era tan burda y las cantidades estaban tan infladas que Varela tuvo que rechazar los delitos de prevaricación y cohecho. Pero en vez de detenerse ahí, buceó sinuosamente entre las remuneraciones de Garzón como profesor invitado de la Universidad de Nueva York y dio traslado al Poder Judicial, apuntando que Garzón habría incurrido en "falta muy grave" al no notificar al Poder Judicial que iba a percibir una "nómina". Una falta que podría haberle costado la suspensión de funciones.

Fue el primer intento en toda regla de liquidar al superjuez, que sólo prosperó parcialmente. El Poder Judicial archivó todas las denuncias y dio por buenas las remuneraciones de Garzón. Pero para entonces, en medio de la algarabía, Garzón había quedado apartado de la carrera para presidir la Audiencia Nacional. Después de dos archivos del Poder Judicial y otro de Varela, ahora la propia Sala ha reabierto la investigación.

El otro extremo de la tenaza lo sostiene el magistrado Adolfo Prego, ponente en la admisión de la querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias contra Garzón por su investigación del franquismo. Durante su etapa como consejero del Poder Judicial fue el principal artífice de los nombramientos de al menos media docena de sus compañeros conservadores. Ahora los lidera con comodidad, mientras se perfila como posible candidato al Tribunal Constitucional. El PP busca un penalista que cumpla el mismo papel que el fallecido Roberto García Calvo y Prego cuenta con el mejor perfil para el cargo. Y más desde que admitió la querella de los franquistas contra Garzón, que el PP festejó enardecidamente.

Aunque Prego ya dejó en el Poder Judicial constancia de sus posiciones ultraconservadoras, fue la admisión de la querella contra Garzón la que proyectó a la luz pública su vinculación con la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), de la que es patrono de honor, entidad que ha compartido con Manos Limpias iniciativas políticas contra el Gobierno, una común animadversión por el juez Baltasar Garzón y una oposición radical a la Ley de Memoria Histórica y a los procesos de localización de fosas de asesinados en la Guerra Civil.

Su reconocida capacidad de maniobra -fuentes judiciales le definen como "encantador de serpientes"- le ha procurado una suerte de alianza con su oponente ideológico, Luciano Varela, en la operación de derribo de Garzón. La querella de Manos Limpias ya concitó la unanimidad de cuatro magistrados conservadores y tres progresistas en el trámite de admisión. Ahora se han sumado otros tres jueces conservadores para reabrir el asunto de Nueva York, lo que da idea de que la Sala casi al completo respalda la operación.

A partir de esta semana, Luciano Varela es quien tiene que tomar la decisión de archivar la querella de Manos Limpias o sentar a Garzón en el banquillo. Si éste es procesado, el Poder Judicial seguramente le suspenderá en sus funciones judiciales. Fuentes judiciales creen que esto es sólo el principio y que a las querellas de Manos Limpias podrían sumarse otras en curso, para vestir mejor la suspensión de funciones. Sea cual sea la decisión de Varela, los síntomas no dejan lugar a dudas: en el Supremo el vaso se ha desbordado y si no es esta vez, será la siguiente.