Conde-Pumpido apunta que la Fiscalía no apoyará la suspensión de Garzón

En menos de 24 horas el Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, ha apuntado que el dictamen del fiscal encargado de analizar la petición de suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aprobada ayer por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial será negativo.

Conde-Pumpido ha asegurado en declaraciones a los periodistas que "el fiscal se opondrá a la suspensión de Garzón", aunque no ha querido valorar si el CGPJ se ha saltado el procedimiento al preguntarlo en este preciso momento al departamento que dirige cuando todavía no se han presentado los recursos del magistrado contra sendos autos del Tribunal Supremo que piden su procesamiento.

El lunes, en la reunión preparatoria del orden del día de la Comisión Permanente, a la que no asistió el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se acordó, a propuesta de la vocal progresista Margarita Robles, incluir el estudio de ambos autos del Supremo en la sesión de la Permanente de ayer.

Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal y vocal del Consejo, es amiga personal y compañera de Luciano Varela (ponente de uno de los autos) en la asociación Jueces para la Democracia. También es enemiga furibunda de Garzón desde sus tiempos de secretaria de Estado de Interior con el ministro socialista Juan Alberto Belloch.

En el curso de la Comisión Permanente celebrada este martes, Robles propuso, a la vista de los dos oficios remitidos por el Supremo, recabar el informe del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, a efectos de suspender de funciones a Garzón, aunque según las fuentes consultadas aún no había necesidad de hacerlo.

El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, opuso que la práctica habitual para tramitar la suspensión era esperar a la admisión de una querella siempre que ésta fuera del Fiscal, pero en este caso es de Manos Limpias y el Ministerio Público no la apoya. Dívar agregó que tampoco se había abierto aún juicio oral ni dictado auto de procesamiento contra Garzón, pasos necesarios para privarle de sus funciones, puesto que el presidente de la Sala Penal había expresado que el auto de Varela no era "firme".

Margarita Robles contestó al presidente que podía iniciarse el trámite, ya que la Sala Penal del Supremo no es "un juzgado cualquiera" y que el instructor, Luciano Varela, había indicado expresamente su intención de seguir el procedimiento contra Garzón. A la postura de Robles se sumaron los dos vocales conservadores, el magistrado Manuel Almenar y el secretario judicial Antonio Dorado y la fiscal progresista Almudena Lastra. Ésta, a preguntas de algunos de sus compañeros tras la comisión, adujo que así iban "ganando tiempo" y tenían preparada la suspensión para cuando el Supremo confirmase los autos. El acuerdo, finalmente, se adoptó por unanimidad.