Proceso exprés para suspender a Garzón

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo hizo sin esperar siquiera a la resolución de los recursos planteados por Garzón contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de sentarle en el banquillo por investigar el franquismo y contra la admisión de una querella por no haber archivado un proceso contra el presidente del Santander.

Varela, magistrado instructor de la querella de Manos Limpias por la investigación de los crímenes de la dictadura, pidió el viernes al presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, que remitiera al Consejo el auto del pasado día 3 en el que plantea seguir el proceso contra Garzón por esos hechos. Saavedra remitió el auto de Varela al órgano de gobierno de los jueces indicando que lo hacía porque así se lo había pedido el juez instructor del proceso a Garzón, pero advirtiendo expresamente a esa institución de que el auto no era "firme".

Margarita Robles impone su criterio para suspender a Garzón cuanto antes

Paralelamente, el presidente de la Sala Penal remitió también al Poder Judicial otro auto del juez Miguel Colmenero, en el que éste abre otra causa a Garzón por haber archivado una querella contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, meses después de haber dirigido unos cursos en la Universidad de Nueva York patrocinados por el citado banco. Este auto de Colmenero tampoco es firme y el defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha planteado contra el mismo un recurso de nulidad de actuaciones.

La diferencia entre una y otra remisión estriba en que la segunda responde a una costumbre habitual cuando se admite a trámite una querella contra un juez, en tanto que la primera fue instada expresamente por Varela, sin necesidad aparente.

El lunes, en la reunión preparatoria del orden del día de la Comisión Permanente, a la que no asistió el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se acordó, a propuesta de la vocal Margarita Robles, incluir el estudio de ambos autos del Supremo en la sesión de la Permanente de ayer.

Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal y vocal del Consejo del Poder Judicial, es amiga personal y compañera de Luciano Varela en la asociación Jueces para la Democracia. También es enemiga furibunda de Garzón desde sus tiempos de secretaria de Estado de Interior con el ministro socialista Juan Alberto Belloch. Fue ella la que instó, junto a algunos magistrados, una modificación en el discurso oficial de apertura de tribunales pronunciado por Carlos Dívar el pasado 21 de septiembre, en respuesta a un artículo crítico con Varela titulado Garzón, en el punto de mira publicado por este periódico. Dos días después intentó junto a Varela, sin conseguirlo, que el secretariado de Jueces para la Democracia emitiese un comunicado de apoyo al instructor del Supremo.

En el curso de la Comisión Permanente celebrada ayer, Robles propuso, a la vista de los dos oficios remitidos por el Supremo, recabar el informe del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, a efectos de suspender de funciones a Garzón, aunque según las fuentes consultadas aún no había necesidad de hacerlo.

El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, opuso que la práctica habitual para tramitar la suspensión era esperar a la admisión de una querella siempre que ésta fuera del Fiscal, pero en este caso es de Manos Limpias y el Ministerio Público no la apoya. Dívar agregó que tampoco se había abierto aún juicio oral ni dictado auto de procesamiento contra Garzón, pasos necesarios para privarle de sus funciones, puesto que el presidente de la Sala Penal había expresado que el auto de Varela no era "firme".

Margarita Robles contestó al presidente que podía iniciarse el trámite, ya que la Sala Penal del Supremo no es "un juzgado cualquiera" y que el instructor, Luciano Varela, había indicado expresamente su intención de seguir el procedimiento contra Garzón. A la postura de Robles se sumaron los dos vocales conservadores, el magistrado Manuel Almenar y el secretario judicial Antonio Dorado y la fiscal progresista Almudena Lastra. Ésta, a preguntas de algunos de sus compañeros tras la comisión, adujo que así iban "ganando tiempo" y tenían preparada la suspensión para cuando el Supremo confirmase los autos. El acuerdo, finalmente, se adoptó por unanimidad.

Dado que el informe pedido por el Poder Judicial al fiscal no es vinculante, las fuentes consultadas indicaron que, una vez recibido, Garzón será previsiblemente suspendido sin más trámite. Un grupo de vocales del Poder Judicial expresó a EL PAÍS su sorpresa por una medida que ni entienden ni comparten y de la que tuvieron conocimiento por la prensa.