CiU trata de fijar su postura ante la prostitución

El debate en torno a qué se debe hacer con la prostitución -asumir que existirá siempre y regularla, o buscar medidas que contribuyan a erradicarla- cogió desprevenidos a los partidos mayoritarios, que carecen de una postura clara. El Partit dels Socialistes empezó la semana debatiéndose entre abolicionismo y regulación, y Convergència i Unió constituyó un grupo de trabajo que se reunió ayer por segunda vez. Xavier Trias, que lo preside, reiteró tras el encuentro que es partidario de prohibir la prostitución en la calle y multar a los clientes. Pero tampoco en la federación está aclarado el dilema de fondo. Y así, hay margen para las opiniones personales.

"Yo soy abolicionista total", es por ejemplo la postura de Trias. Fue Mercè Pigem, diputada en el Congreso, quien le convenció cuando compartieron bancada en Madrid. Pigem, que también forma parte del grupo de trabajo, repitió ayer la tesis que zanjó el debate sobre la prostitución en la Cámara y que sirve a los abolicionistas para no reabrirlo: "La línea divisoria entre la prostitución libre y la obligada no existe; más del 90% de las mujeres que la ejercen son explotadas". O en otras palabras, de Elena Ribera, que es diputada en el Parlament, "la prostitución es explotación". Con matices, el abolicionismo se abre paso en la federación.

La que sí tiene muy definida su posición, a favor de la regulación, es Esquerra Republicana. Su diputado Joan Tardà presentó ayer, tras interpelar el miércoles sobre el tema a la ministra de Igualdad, una moción que obligará a los partidos a posicionarse. En ella, solicita al Gobierno que regule la prostitución como oficio, así como los impuestos que deben pagar quienes deciden ejercerlo.