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El Gobierno modifica los argumentos pero no el fondo de su ley del aborto

El Ejecutivo se centra en reforzar la constitucionalidad del proyecto

Por ahora no habrá cambio alguno en la capacidad de las chicas de 16 y 17 años para decidir por sí mismas interrumpir su embarazo ni en ningún otro punto clave. El proyecto de ley que remitirá el Gobierno al Parlamento como Ley de Salud Sexual y Reproductiva será, en líneas generales, casi igual al anteproyecto aprobado en mayo. Las modificaciones se centrarán en mejoras técnicas que aseguren que la norma, que con toda seguridad pasará por el Tribunal Constitucional, esté lo más preparada posible para pasar el examen.

Cambios de fondo, como el tema de las menores de 16 y 17 años, se dejarán para la posterior negociación parlamentaria con los grupos. Sobre este punto se barajan sobre todo dos posibilidades: la solución francesa de permitir a las chicas que decidan por sí mismas pero siempre y cuando vayan acompañadas por algún adulto -que no tiene por qué ser padre, madre o familiar- o dar la última palabra a la mujer pero exigir que los padres lo sepan. Esta última opción en realidad no supondría un gran cambio con respecto a la situación actual. No evita los conflictos en las familias que quieran impedir que la hija aborte, y ya ahora, en estos casos, la chica puede acudir a un juez. El problema es que, en ocasiones, la adolescente va directamente a clínicas poco rigurosas en las que no le exigen nada.

El Consejo de Estado aprobará previsiblemente esta semana su informe sobre el anteproyecto de ley, y el Gobierno tiene la intención de llevar el proyecto definitivo al Consejo de Ministros este mismo viernes si es posible. Están pendientes de las observaciones que haga el Consejo de Estado por si se deben incluir modificaciones de última hora.

Mientras tanto, los cambios previstos se centran en explicar mejor el porqué de los plazos elegidos: 14 semanas en las cuales la mujer puede interrumpir su embarazo libremente; 22 en caso de grave riesgo para su vida o salud o por malformaciones fetales; y hasta el final del embarazo por enfermedades incurables y de extrema gravedad del feto.

El Gobierno ha querido mejorar también el procedimiento del consentimiento informado de la mujer. Este punto es básico a efectos constitucionales, puesto que es lo que permite argumentar jurídicamente que se está salvaguardando la vida del feto, bien jurídico protegido por el ordenamiento según dictaminó el Constitucional en 1985. Se quieren precisar al máximo, según fuentes ministeriales, los requisitos para que quede garantizado que la mujer conoce todos los recursos que el Estado pone a su disposición si quiere ser madre.

El proyecto de ley se discutirá a lo largo del otoño. Para el 17 de octubre se prepara una manifestación antiabortista que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha apoyado, aunque ayer dejó claro que no asistirá. "En principio lo que queremos es que sea una manifestación... Vamos, lo que queremos no, lo que quieren los organizadores es una manifestación que no convoca ningún partido político, ni la Conferencia Episcopal, ni ninguna conferencia religiosa", señaló en una entrevista a RNE. "No creo que eso deba politizarse. Irán muchos militantes del PP. Yo en principio no tengo previsto asistir". El presidente Zapatero dijo que "no le sorprende" este apoyo porque "el PP siempre acude a las manifestaciones convocadas por este tipo de grupos".

El anteproyecto

- Ley de plazos. Aborto libre hasta las 14 semanas, previa información de ayudas a la maternidad. Hasta las 22 semanas en caso de grave riesgo para la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Si hay malformación incompatible con la vida o enfermedad de extrema gravedad e incurable, no hay límite. En este caso, un comité médico con varios especialistas (ninguno contrario al aborto) dictaminará lo pertinente. Habrá al menos un comité por comunidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de septiembre de 2009

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