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Sobre conflictos y complejidades

Nuestras sociedades multiculturales expresan sus disfunciones a través de conflictos complejos. Lo peor que podemos hacer es interpretarlos de manera simplista. Las polémicas en torno a la apertura de mezquitas son un ejemplo de ello. Son descritas en clave de problemas de convivencia en un mismo barrio entre autóctonos e inmigrantes. O se las vincula con las evidencias de esa islamofobia atávica que parece definir nuestra identidad nacional. Pero representan algo más que eso: son la prueba de la transformación y resimbolización del espacio público por parte de otras referencias culturales y religiosas. El impacto de esta dinámica sobre la emergencia de pertenencias locales, activamente potenciadas por las iniciativas municipales de recuperación del espacio urbano en las últimas décadas, ha generado expresiones de un particularismo militante reactivo ante presencias que son vistas como "no apropiadas". Botellón, prostitución y mezquitas, serían ejemplos -en su singularidad- de estos procesos de irritación social, que reclaman sean reubicados en otro lugar de la trama urbana.

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El interrogante a plantear es qué futuro inmediato deseamos que tengan nuestros barrios y ciudades. Los actores políticos, como gestores de lo público, son responsables de proponer a sus habitantes esos modelos futuros. Los conflictos ponen a prueba ese ejercicio de imaginación. El problema que se perfila es que la actitud reactiva expresada por parte de la ciudadanía ante la apertura de una mezquita, es una andanada contra las propuestas de los consistorios para favorecer la inserción de la inmigración y la convivencia. La evidencia de que el "colchón social" -sobre el cual apoyar iniciativas políticas de inmigración- es cada vez más delgado, genera incomodidad a los gestores públicos. Que sus mensajes institucionales calen socialmente menos que la rumorología, que anuncia a ciencia cierta la complicidad de la alcaldía con la comunidad musulmana, es prueba de esta creciente desconexión, que plantea una crisis de credibilidad del discurso político.

De ahí se entiende la precaución exhibida por los poderes locales que han lidiado con esos conflictos, en un contexto de creciente presión social, política y mediática. La reciente aprobación en Cataluña de una ley sobre espacios de culto responde a una inquietud no confesada de evitar polémicas. Pero no hay que engañarse: la ley sólo es un instrumento de gestión de las condiciones y ubicación de los oratorios. Su utilidad para superar la complejidad de los conflictos futuros se verá cuando ésta se dote de una real dimensión política, desde la que se propongan esos futuros inmediatos sin excluir a ningún grupo de ciudadanos por su singularidad.

Jordi Moreras es profesor de Sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 14 de septiembre de 2009.

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