El Gobierno vasco asumirá casi la mitad de los empleados del Inem

El acuerdo para transferir las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma vasca, cerrado la pasada semana entre los Gobiernos central y vasco tras permanecer casi 30 años pendiente, deja aún en el aire los términos en que se producirá la asunción de las competencias laborales por parte de la administración autonómica. Están por concretar, entre otros asuntos, la cuantía exacta de la transferencia, que rondará los 300 millones de euros, así como la ordenación de toda la red de organismos que han venido operando en el ámbito del empleo en muchos casos de forma solapada entre el Inem y Lanbide. También está por definir el futuro de los trabajadores del Inem.

En un primer borrador se establece que de los 926 empleados que tiene el Inem en Euskadi, 448 cambiarán su estatus laboral y pasarán a depender del Gobierno vasco, mientras que los 478 restantes (personal adscrito a las prestaciones de la Seguridad Social) están catalogados como no transferibles.

Frente al "todo o nada", ahora hay un "ámbito compartido de decisión"

El Gobierno vasco vuelve a tener en contra a sindicatos nacionalistas y el PNV

El Gobierno vasco se hará cargo a partir del próximo 1 de enero de la titularidad competencial de las políticas activas de empleo, lo que supone básicamente comenzar a gestionar el Inem, esto es, la intermediación en el mercado laboral, la formación ocupacional, el fomento del empleo, la orientación e inserción laboral, y las escuelas talleres. El pacto entre el lehendakari Patxi López y el vicepresidente tercero Manuel Chaves viene a satisfacer una vieja demanda de las instituciones vascas, aunque no contenta plenamente las reivindicaciones de los nacionalistas, que han venido exigiendo el traspaso íntegro de las competencias laborales, incluídas las políticas pasivas (el pago de las prestaciones por desempleo, baja laboral o invalidez).

Frente al "todo o nada" de los nacionalistas, el acuerdo base alcanzado ahora supone hacer de las políticas de empleo "un ámbito compartido de decisión" entre las instituciones competentes, según fuentes oficiales. Madrid y Vitoria se han propuesto, "desde la cooperación y no desde la confrontación", redefinir la red de organismos, lo que conllevará necesariamente la desaparición de las duplicidades que se dan en la actualidad entre las 30 oficinas del Inem y las nueve de Lanbide que el anterior Ejecutivo nacionalista puso en marcha entre 2004 y abril de 2009.

El Gobierno vasco deberá constituir la nueva entidad que gestionará todas las políticas de empleo y en la que se agruparán las oficinas y el personal. Podría optar por la fórmula jurídica de ente público de derecho privado (como Osakidetza) o de un organismo autónomo (igual que el Eustat). En ese organismo se integrarán todas las sucursales del Inem, hasta ahora dependientes del Ministerio de Trabajo y que pasarán a ser de titularidad autonómica, como sucede en el resto de las comunidades. También absorberá las nueve sedes de Lanbide, donde trabajan 72 personas.

Uno de los caballos de batalla será determinar la cifra de empleados del Inem que serán transferidos y cuántos seguirán dependiendo de la administración central. A falta de hacer los ajustes definitivos, el servicio público estatal ha elaborado un listado provisional con 448 trabajadores que serían asimilados por el Ejecutivo vasco. Se trata de aquellos que están dedicados a políticas activas de empleo. Otros 478 empleados del Inem que ahora tramitan las prestaciones de la Seguridad Social (políticas pasivas) se quedan fuera del acuerdo y continuarán dependiendo del ministerio.

Las cifras son aún provisionales y serán objeto de discusión entre Madrid y Vitoria. Los sindicatos UGT y CC OO de Euskadi han solicitado la creación de una comisión para analizar caso por caso el destino de los empleados del Inem, puesto que la división entre el personal del Inem suscitará diferencias salariales notables a favor de quienes pasen a depender del Gobierno vasco que los sindicatos cifran entre 9.000 y 12.000 euros anuales.

Más allá de la nueva organización del sistema vasco de empleo, el acuerdo para desatascar la transferencia ha avivado la controversia entre el Ejecutivo socialista y las centrales y formaciones nacionalistas. El PNV, que en sus años de gobierno exigió el traspaso íntegro de todas las competencias laborales e impulsó con la ayuda de su socio EA la creación de una red paralela de oficinas de colocación, considera ahora insuficiente el traspaso de las políticas activas porque quedan fuera la recaudación y gestión de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, lo que habría significado romper la caja única de la Seguridad Social. Cualquier cifra por debajo de los 400 millones por la transferencia de las políticas activas de empleo sería "perder dinero" y una "dejación" por parte del Gobierno vasco, según ha afirmado el peneuvista Andoni Ortúzar.

El PNV reclama que la cuantía de los recursos transferidos se obtenga de aplicar el 6,24% que estipula el Cupo a los 7.600 millones de euros que el Inem destina anualmente en el conjunto de España a las políticas de empleo. Sin embargo, en el acuerdo final no se computan los 2.500 millones de las bonificaciones a la contratación, de ahí que la partida definitiva rondará los 315 millones.

Los grupos nacionalistas han tachado de oscurantista al gabinete de López por no facilitar toda la información sobre el traspaso de esta competencia. En su defensa, los socialistas aseguran que el acuerdo se irá concretando en los próximos meses, con el objetivo de que el próximo 2 de enero Euskadi comience a funcionar el nuevo servicio vasco de empleo.